Si ya produjo escándalo entre la ciudadanía mejor informada sobre el 11-M el cierre en falso de la comisión parlamentaria, el carpetazo a la investigación por parte del juez instructor Juan del Olmo certifica el silencio administrativo con que los poderes del Estado han decidido contestar a quienes exigen saber la verdad. El juez, no ya es que no sepa qué explosivos se emplearon en los trenes, sino que ni siquiera sabe el número exacto de quienes los transportaron y colocaron. Y si no sabe su número, evidentemente tampoco los ha identificado.
El magistrado no sólo ha cometido el error que ha permitido que salga en libertad uno de los acusados, el islamista Saed el Harrak. Su propio secretario judicial, para exculparle, aseguró que prácticamente no puede ver y le cuesta mucho leer los informes preparados por Telesforo Rubio, el responsable directo de la "filtración" a ETA de su red de extorsión. Quizá por eso los copia y pega directamente en el sumario, sin cuestionar –como sí hizo Grande Marlaska– ni las intenciones ni, sobre todo, las prácticas del comisario de Gobelas. Hasta intentó empapelar al director del diario El Mundo por sacarle las vergüenzas publicando detalles del sumario, cuando la ley no contempla como delictiva esa publicación si quien la realiza no está personado en la causa. En definitiva, un modelo "de lo que no debe ser una investigación judicial", tal y como concluyó la Audiencia de Vizcaya hace 14 años sobre otra instrucción de Del Olmo, realizada también con su peculiar estilo de copia y pega. Claro que aquello no fue el atentado más grande de la historia de España.
Al menos, Del Olmo tiene la honradez de reconocer que la investigación no ha terminado, aunque su decisión dificulta notablemente que pueda proseguir en otro lugar que no sean las páginas de los periódicos, tal y como ha reconocido Del Burgo. Asegura haber explorado "todas las vías" posibles, pero no es cierto. No ha probado, por ejemplo, a investigar y procesar a los policías que han sembrado su sumario de pruebas falsas. No ha hecho careos entre ellos para dilucidar cuáles de las múltiples versiones de los mismos hechos son las verdaderas, si es que alguna de ellas lo es. En definitiva, se ha quedado en el borde del acantilado, sin atreverse a mirar al abismo. Pareciera como si, sabiéndose incapaz de ir más allá y temiendo que el CGPJ termine finalmente por sancionarle por el error que provocó la puesta en libertad de Saed el Harrak, haya preferido quitarse de en medio y dejar que sean otros los que cumplan con la obligación que sólo a él correspondía.
El 11-M no es sólo el atentado terrorista con más víctimas mortales que ha tenido lugar en España. Es un hito en nuestra historia, que ha cambiado el curso por el que transcurrían nuestras vidas y que permite establecer el grado de madurez ha llegado la sociedad y las instituciones tras más de dos décadas de democracia. Si es evidente que estas últimas no salen muy bien paradas, la reacción de buena parte de la sociedad, haciendo oídos sordos a todo aquello que pueda poner en duda la "versión oficial" de los hechos, no es mucho mejor. Pero nos queda la esperanza en la mejor parte, la que no sólo quiere saber sino que trabaja en el esclarecimiento de los hechos.
La justicia, representada por Del Olmo, ha preferido dar un carpetazo al asunto en el viernes previo a la final del Mundial y la visita del Papa, con la esperanza de pase desapercibido. Con ello demuestra que las lágrimas derramadas junto a la promesa hecha a las víctimas de averiguar la verdad eran de cocodrilo. Un lamentable final para una pésima instrucción.
