Los socialistas, por lo visto, todo lo arreglan subiendo los impuestos. Lo hicieron con la tributación sobre el tabaco para resolver los problemas financieros de la sanidad pública y ahora pretenden hacer lo mismo para solucionar los problemas presupuestarios de los ayuntamientos, mediante la reforma de la ley de haciendas locales que preparan. Sin embargo, de llevarse a cabo dicha reforma en este sentido, sería un error y una oportunidad perdida para resolver de una vez por todas el problema socio-económico más importante de nuestro país: la desorbitada carestía de la vivienda.
Desde la llegada de la democracia, nadie se ha preocupado seriamente por las haciendas municipales, las grandes ausentes en todos los debates y reformas de las finanzas del sector público. Los ayuntamientos, sin embargo, han ido asumiendo cada vez más competencias, debido a su proximidad con los ciudadanos, sin que dichas competencias tuvieran la consiguiente contrapartida presupuestaria. Por ello, las corporaciones locales tuvieron que acudir al suelo para financiar sus crecientes gastos, impidiendo la liberalización de su uso y, en consecuencia, provocando las subidas disparatadas del precio de la vivienda. Por tanto, finanzas municipales y coste de las casas tienen una relación estrecha de causa-efecto por la cual, resolviendo la primera cuestión, se resolverá también la segunda. El problema es que los socialistas no creen en esta vía para solucionar las cosas, como demuestra la reciente ley del suelo aprobada por el Consejo de Ministros, que consagra todavía más la tan perniciosa intervención pública sobre el mismo y que, además, puede ser inconstitucional al invadir competencias de las comunidades autónomas. De hecho, el Tribunal Constitucional se pronunció en este sentido en 1997 con su dictamen sobre la ley del suelo de 1989 y, con este precedente, no hay razón para que ahora vayan a cambiar las cosas.
Así es que tenemos una ley del suelo que, además de intervencionista –el origen de los males del precio de la vivienda en España–, posiblemente es inconstitucional, y en un futuro próximo probablemente también una ley de haciendas locales que consolidará todavía más un modelo equivocado de financiación municipal y, por consiguiente, una estructura de mercado del suelo totalmente perniciosa. Pero, claro, tampoco cabría esperar otra cosa en este sentido después de ver el texto que presentó el viernes al Consejo de Ministros la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
De acuerdo con el proyecto de reforma de la ley de haciendas locales que preparan los socialistas, los ayuntamientos podrán sanear sus finanzas mediante subidas en los impuestos de bienes inmuebles (IBI), matriculaciones y construcciones y obras, es decir, a costa del bolsillo de los ciudadanos y con efectos negativos sobre la inflación –como si ya no hubiera bastantes con el precio del petróleo– y sobre la industria de la automoción, una de las que más empleo crea en España y una de las más amenazadas por la deslocalización de empresas. O sea, que para resolver un problema se pueden agravar otros dos tanto o más importantes, y todo por una obsesión intervencionista y de hacer crecer el sector público. Porque frente a la propuesta de los socialistas hay una alternativa mucho mejor, que es el adelgazamiento de las administraciones. ¿De qué manera?
Los ayuntamientos dependen orgánicamente de las comunidades autónomas. Éstas han visto engordar sus presupuestos en los últimos años gracias a la fortísima descentralización administrativa llevada a cabo por los Gobiernos del PP, que estuvo acompañada por nuevos sistemas de financiación autonómica que incluyeron la cesión de porcentajes importantes de impuestos, algo que va a ir a más en los próximos años con el acuerdo entre el Gobierno de Zapatero y la Generalitat catalana. Por tanto, el Estado ha adelgazado mientras las autonomías han engordado; incluso han ganado más peso que el que ha perdido la Administración Central, como muestra el hecho de que el incremento del número de funcionarios autonómicos ha sido muy superior al de la reducción de funcionarios del Estado. Ahora, sin embargo, le toca adelgazar a las autonomías, cediendo parte de su recaudación a los ayuntamientos. De esta forma, las corporaciones locales contarían con ingresos suficientes para poder financiar sus gastos y actividades sin necesidad de tener que acudir al suelo, con lo que se podría liberalizarlo.
Por desgracia, los Gobiernos regionales no quieren oír ni hablar de esta posibilidad. Para ellos, los ingresos cedidos por el Estado son para su uso exclusivo y unas veces los emplean acertadamente, como la Comunidad de Madrid con la ampliación de la red de metro, y otras solo sirven para hacer política, como la Junta de Andalucía y sus medidas para captar votos para los socialistas a costa de las arcas públicas. Por tanto, no están dispuestos a ceder un solo euro a los ayuntamientos. Sin embargo, y como decía antes, las corporaciones locales dependen orgánicamente de las comunidades autónomas y son éstas, por tanto, quienes tienen que asumir la mayor parte de la responsabilidad y de los sacrificios para resolver los problemas financieros municipales, transfiriendo a las arcas de las corporaciones locales parte de los ingresos que, por su parte, recibieron del Estado.
Cuando se pusieron en marcha los actuales sistemas de financiación autonómica, el Gobierno cometió el error de no incluir en la cesión de impuestos a los ayuntamientos, pensando que las comunidades autónomas harían con ellos lo mismo que el Estado estaba haciendo con las autonomías. Ahora existe la posibilidad de subsanar ese error y resolver el problema de la vivienda. Por desgracia, no existe voluntad política para ello, como están dejando bien claro los socialistas. Todo apunta a que se volverá a perder una nueva oportunidad para resolver el problema de las finanzas locales y, con él, el de la vivienda, sólo por culpa del intervencionismo que inspira las políticas del PSOE. Así va el país.