Si ETA ha advertido, desde el primer momento y en numerosas ocasiones, que su "alto el fuego" –para nosotros, "pacto" con el gobierno– está condicionado y no tiene otra finalidad que la consecución de los objetivos secesionistas por los que ha asesinado a casi un millar de españoles, la organización terrorista también ha señalado, tanto en sus comunicados como en su entrevista en Gara del pasado mes de mayo, que las cartas de extorsión no formaron nunca parte de las actividades que quedaban interrumpidas tras su comunicado del 22 de marzo.
Si los terroristas han justificado en Gara la continuidad de lo que ellos llaman "peticiones de dinero", alegando que "la lucha de liberación continúa originando necesidades, incluidas las económicas", ETA llega a la infamia de equiparar su ininterrumpida extorsión económica con los impuestos del Estado, la actividad empresarial y las fianzas y multas que impone el Estado de Derecho a los transgresores de la ley.
Para los criminales supone "un ejercicio enorme de hipocresía que quienes se escandalizan por las peticiones de dinero realizadas por ETA sean precisamente algunos partidos políticos que se enriquecen gracias a la corrupción y a negocios ocultos; o quienes roban miles de millones a la izquierda abertzale por medio de fianzas, o quienes secuestran miles de millones en multas a ciudadanos que se movilizan; o algunos empresarios que se enriquecen por medio de la explotación, o quienes pagan miles de millones a España en impuestos pero no están dispuestos a dar nada a favor de Euskal Herria".
Quienes, desde luego, no se "escandalizan" por la permanente extorsión de ETA son sus actuales y gubernamentales compañeros de viaje, que, lejos de denunciarla, la trataron en su día de encubrir, asegurando –tal y como hizo Zapatero–, que las cartas de extorsión estaban fechadas con anterioridad al comunicado de "alto el fuego". Este rechazo gubernamental a admitir públicamente lo que denunciaban los empresarios víctimas de la extorsión se prolongó orwellianamente, incluso tras la ya citada confesión de los etarras. Sólo con la boca pequeña, y tras el seguimiento judicial de Marlaska, el Gobierno del 14-M dejó de negar la realidad, no tanto así de silenciarla.
Prueba de ello es el nulo eco gubernamental a la nueva remesa de cartas de extorsión, denunciadas este miércoles por la patronal navarra y recibidas en la primera quincena de este mes, y que se suma al silencio gubernamental ante los ininterrumpidos actos de terrorismo callejero, como el perpetrado en Vitoria contra la academia que ha pertenecido hasta hace poco al diputado general de Álava, Ramón Rabanera.
Este Gobierno colaboracionista del 14-M, lejos de "escandalizarse", silencia todos estos hechos, por no hablar de su nula respuesta ante el hecho, todavía más escandaloso, de que dos agentes policiales advirtieran, "motu proprio" o siguiendo órdenes de sus superiores, a los responsables de la red de extorsión etarra del seguimiento del que estaban siendo objeto por orden judicial. Todo vale para el Gobierno de Zapatero y su indecente y mentirosa fase de "verificación".
En cualquier caso, aunque ETA se hubiera avenido a interrumpir también su permanente extorsión económica, ya va siendo hora de que todos tengamos claro que el chantaje lo constituye, en sí mismo, un "alto el fuego" cuyos protagonistas ya han advertido que es "reversible" si no se atienden las delirantes exigencias por las que los terroristas han perpetrado –y siguen justificando– cada uno de sus asesinatos.
