Hace unos años, cuando unos pocos periodistas defendían la verdad y la democracia frente a la marea de corrupción y el terrorismo de estado socialistas, El País intentó por todos los medios ocultar o justificar los hechos y bautizó como "sindicato del crimen" a aquellos periodistas, a quienes tanto deben nuestras libertades, hoy nuevamente amenazadas. Señalo el hecho porque revela un criterio muy ampliamente aplicado por dicho periódico: los delincuentes, si son de izquierdas, son los buenos, y criminales quienes los denuncian. Inversión completa de valores. El criterio se aplica igualmente a la "memoria histórica", y no por casualidad las páginas de El País acogen a una abundante nómina de "historiadores"bien pagados con fondos públicos y empeñados en contarnos la historia invertida. Y deniegan, con su peculiar idea de democracia, el derecho de réplica a quienes defendemos tesis opuestas.
Un caso reciente es el artículo "Reescribir la historia", de Alberto Reig Tapia, hijo del director franquista del NODO, pero dedicado a derrotar a Franco a deshora. Y catedrático de la universidad Rovira y Virgili, para descrédito de la universidad y de la cátedra. El duro luchador Reig arremete contra las tesis "revisionistas", resumiéndolas así: "En 1934, la izquierda y los nacionalistas reventaron la convivencia democrática desencadenando la revolución social en Asturias y proclamando la independencia de Cataluña. El 18 de julio de 1936 no fue un golpe de Estado ilegal e ilegítimo que provocó una terrible Guerra Civil, sino un necesario golpe 'preventivo' de pura autodefensa que el general Franco y el resto de patriotas que le secundaron tuvieron inevitablemente que dar para salvar a España del caos e impedir su desmembración ('balcanización') y la entronización de un gulag soviético cuyos horrores hubieran dejado pálida la inevitable dureza de Franco y su 'Régimen del 18 de julio'."
Resumen algo tendencioso e inexacto, impropio no ya de un catedrático, sino de un buen aficionado a la historia: la izquierda no desató la "revolución social en Asturias", sino que el PSOE intentó imponer su dictadura en toda España; y los nacionalistas catalanes no proclamaron directamente la independencia de Cataluña, sino la abolición del régimen republicano. Y el golpe de Franco no fue "preventivo", pues el Frente Popular había destruido ya la ley y amparaba un movimiento revolucionario en extremo violento. Pero, aparte esas desvirtuaciones, lo esencial vale. Un servidor, por ejemplo, sostiene, con abundante documentación de la izquierda, que ésta intentó dinamitar en 1934 lo que la república tenía de democracia, y que en 1936, vuelta en el poder tras unas elecciones anómalas, hizo uso ilegítimo del estado para destruir la ley, desde la calle y desde el gobierno, provocando la reanudación de la guerra, en julio. Fue esa destrucción de la democracia la causante de la guerra, y no la guerra la causante de la destrucción de la democracia.
Bien, esta tesis es discutible, como todas, y uno esperaría que Reig, después de caricaturizarla, tratase de mostrar su falsedad. Pero no. Todo su "argumento" rezuma el espíritu del comisario político: "Se trata de una burda muestra del negacionismo histórico (revisionismo) que inevitablemente nos toca pasar ahora a los españoles y que otros países, como Italia, Francia o Alemania, ya pasaron en los años ochenta". Eso es todo. Él alude en especial a los llamados revisionistas alemanes que niegan el Holocausto, y no le importa insultar la memoria de las víctimas judías, equiparándolas a los partidos que en España asaltaron la legalidad republicana una y otra vez, causando gran número de muertos y destrucciones. Según esa versión, absolutamente indigna de un historiador de alguna solvencia, pues equipara situaciones totalmente disímiles, los judíos habrían actuado en Alemania como un grupo antidemocrático empeñado en liquidar violentamente las instituciones alemanas, y los nazis habrían tenido sus razones para aplastarlos. Es decir, la historia totalmente al revés, estilo "sindicato del crimen".
Después de esto apenas hace falta seguir con la concatenación de simples trolas que nuestro catedrático quiere pasar por historia. Sólo una, como muestra: "No puede argumentarse historiográficamente que el Gobierno republicano en julio de 1936 hubiera sucumbido a una ilegalidad e ilegitimidad que hiciera inevitable la ilegalidad e ilegitimidad de la oposición para defenderse. La legalidad y legitimidad del Estado republicano en 1936 es incuestionable a la luz del derecho español y del derecho comparado a pesar de los renovados intentos justificativos del revisionismo". De nuevo el comisario político que prohíbe discrepar sin ofrecer argumento alguno. Pues no, señor. Las elecciones de febrero de 1936 no habrían sido aceptables en ninguna democracia normal, empezando porque ni siquiera se publicaron sus resultados fidedignos. Y a continuación de ellas comenzó un proceso, perfectamente documentado, de arrasamiento de la Constitución, desde la calle y desde el gobierno. Sus datos son sobradamente conocidos, y puede el señor Reig probar a rebatirlos.
Aunque sospecho que el problema, en el fondo, está en otra parte. El señor Reig, y tantos como él, no están muy en desacuerdo con la oleada de incendios de iglesias, periódicos y centros políticos de la derecha, con los cientos de asesinatos en solo cinco meses, con la reorganización y el terrorismo de las milicias izquierdistas, con la invasión de la propiedad, todo ello con la permisividad del gobierno; o con la liquidación de la independencia judicial, la destitución evidentemente ilegítima del presidente de la república, la sustracción ilegal de escaños a la derecha, etc. Y ahí, creo yo, reside la causa de que resulte tan difícil entenderse. Para él todas esas acciones de las izquierdas son legítimas y democráticas. Muy bien, pero que lo diga claramente.
Ya en otro artículo sobre la recuperación de Negrín por la izquierda señalé este equívoco: para los defensores de Negrín, su inmensa corrupción, su identificación con la política de Stalin, padre de las democracias, su expolio de una inmensa cantidad de bienes del estado y de particulares, su intento de multiplicar el número de víctimas prosiguiendo una guerra perdida hasta enlazarla con la guerra mundial; todas esas cosas no son crímenes ni deméritos, sino, por el contrario, proezas demostrativas del temple "antifascista" del personaje. Ellos tienen ese criterio, en el fondo la misma inversión de valores que llevaba a El País a insultar como sindicato del crimen a los defensores de la libertad. Muy bien, insisto, cada cual tiene su criterio; pero que lo digan abiertamente, sin disimulos ni equívocos.