Las políticas de la Concertación, quizás sin proponérselo, han favorecido a la delincuencia. Como una reacción al gobierno militar, ha tratado con guante blanco a extremistas y ladronzuelos en general. Los delitos contra la propiedad, en la línea socialista, salen baratos a los delincuentes. Ellos no creen que se deba sancionar, aunque sea moralmente, a los que estiman incapaces: estudiantes, jóvenes, indígenas o pobres. Como aquella jueza que declaró que las personas no roban, sino que son las cosas que se muestran en las vitrinas las culpables.
Las comisarías son presididas por el decálogo en favor de los delincuentes y los carabineros corren riesgos de sumarios y cesantía si en su trabajo "cometen un error". Los guardias privados no deben estar armados ni tampoco los ciudadanos honrados. Sólo los delincuentes tienen esa ventaja.
En los colegios se enseña que el sexo " libre" es deseable, lo que se traduce en madres adolescentes, menos estudios, menos parejas estables y menos matrimonios, todo lo cual conduce a hijos no deseados y más pobreza; es decir, más delincuentes.
El gasto en seguridad privada se repudia, en contradicción con lo observado en los países desarrollados. A los carabineros se les encargan tareas como el tránsito, aduanas y burocratismos judiciales, que podrían ser desarrolladas por personas sin entrenamiento especial. Esto disminuye las horas policiales, al igual que la inútil lucha contra el narcotráfico, que reduce la atención del crimen clásico. No ha habido una verdadera política de seguridad, aunque sí muchos "planes seguros", más destinados al show mediático que a combatir la delincuencia.
¿Por qué no usar a las Fuerzas Armadas en ciertas áreas de la seguridad interna? ¿Y por qué no hacer lo propio con los jóvenes jubilados, militares y de carabineros?
Ahora, nuestros inteligentes políticos quieren hacer un ministerio. ¿Es que antes el Estado no se preocupaba de la seguridad? Y luego harán una ley que sancione al que se deja robar.
Al inicio de los años 90, se dijo que la droga no era un problema. Se mofaron de los que afirmamos que lo sería. Hoy, las cárceles están llenas de jóvenes y madres pobres por un delito inventado hace poco, por lo que no hay cupo para los delincuentes de verdad. El prohibicionismo crea mafias y aumenta el crimen, el cual se redujo cuando, en su oportunidad, se derogó la ley seca. Aquí, ni siquiera se intentan fórmulas de salud pública ni de despenalización. Sólo se les ocurre hacer cárceles y perseguir pobres, además de aplaudir a jueces sin criterio que si no ven el crimen no lo sancionan.
El mayor gasto público y los impuestos debieran trasladarse de los crecientes malos usos a la seguridad, pero la demagogia política apunta a programas, leyes y ministerios casi siempre inútiles, alejados de las funciones clásicas del Estado, como la justicia, la seguridad interna y, sobre todo, la protección de los derechos de los ciudadanos.
El gran problema es que los socialistas de todos los partidos creen que la gente –delincuentes incluidos– es tonta. La verdad es que las personas evalúan beneficios y costes de su actuar y obedecen a incentivos: mientras los beneficios de delinquir han crecido, los costes –entre los que destaca la probabilidad de ser arrestado– se han reducido. Y ni hablar de cómo las regulaciones a la iniciativa empresarial y las leyes laborales, que generan inactividad y desempleo, fomentan la pobreza y –adivine– el crimen.