¿Cree en el derecho a la huelga? Evidentemente, todo el mundo tiene el derecho a reunión y a quejarse de lo que le venga en gana, pero las últimas huelgas nos han dejado muy mal sabor de boca, y como siempre, los principales perjudicados han sido los que menos culpa tienen y más indefensos están judicialmente: los clientes y la empresa.
En nuestra vida cotidiana realizamos actos contrapesando los pros y los contras, los costes y los beneficios desde el punto de vista económico. Al final tenemos que asumir cierto grado de responsabilidad sobre nuestras acciones. Si montamos un escándalo en un restaurante, o nuestros hijos se dedican a ir de mesa en mesa tirando los platos de los demás no nos tendría que extrañar que el responsable del local nos eche. Si en el trabajo llegamos tarde, nos vamos antes, no hacemos nada, y nos dedicamos a molestar al resto de compañeros, no nos tendría que sorprender que nos llamasen la atención e incluso que nos despidieran.
Algo que parece tan evidente en el mundo cotidiano se desprecia cuando proclamamos hacer actos antisociales por motivos reivindicativos o de logro social. Para evitar la situación de la huelga del Prat algunos están pidiendo una ley de huelga, pero como ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba, los cambios legislativos no siempre resuelven los problemas. Efectivamente, las leyes laborales han de contentar a tantos grupos de presión, saciar tantos intereses opuestos y están tan condicionados a la compra de votos que siempre acabamos teniendo regulaciones peores a la anterior.
Rubalcaba también apuntó que las últimas huelgas, especialmente la de los sucesos acaecidos en el Aeropuerto del Prat, deben conducir a una reflexión por parte de todos. Bueno, pues ya que nos invita, se lo diremos claro.
El gobierno socialista, con sus valores relativistas de "todo vale" y "nadie es responsable de sus actos" —excepto las pérfidas empresas— jamás hará nada en esta materia que tanto irrita a los consumidores. La huelga es un derecho legítimo, el de libre asociación y libertad de expresión. Por nuestro bien, ninguno de los dos puede ser manipulado ni controlado. Pero las huelgas en este país van asociadas a un curioso principio de irresponsabilidad. En las huelgas vemos como los piquetes agreden físicamente a empleados y no empleados, retienen a personas contra su voluntad, queman coches, neumáticos o cierran carreteras. Si fuéramos tan violentos en nuestra vida privada, en nuestro día a día, no saldríamos del cuartelillo ni el fin de semana.
La pregunta es: ¿por qué en una huelga podemos practicar la más desagradable y violenta de nuestras facetas sin que pase nada? Siempre suelen ser problemas técnico-judiciales o el hecho de que la suspensión de una huelga va siempre ligada a un pacto que obliga al perdón para todos los huelguistas. Las huelgas no son una situación de anarquía porque en la anarquía, al menos, todas las partes hacen lo que quieren. En cambio, las huelgas se han convertido en un privilegio concedido por el gobierno a un grupo para que pueda ejercer la violencia contra los demás, es decir, del huelguista contra la empresa y el consumidor. Si la empresa intenta defender su propiedad de los huelguistas es multada y si nos defendemos de la agresión de un piquete lo mismo.
Para arreglar esta situación, y de paso también el enmarañado y estático mercado laboral, la mejor respuesta es dar libre capacidad de acción a todos los actores económicos que intervienen. Eso significa que la empresa pueda despedir de forma inmediata a quienes cometan actos antisociales y daños a la propiedad privada y física de las personas y remplazarlos por nuevos empleados con ganas de trabajar, servir al cliente y ganar dinero.
Si cuando somos irresponsables en nuestra privada hemos de pagar las consecuencias, ¿por qué no también en nuestra vida laboral? Igualdad para todos es lo único que hay que exigir. Es cuestión de sentido común.