Dado que Batasuna-ETA es una organización terrorista que fue ilegalizada al amparo de la legislación vigente, resulta incomprensible para los que vivimos en el País Vasco que, de un tiempo a esta parte, venga desarrollando una constante actividad pública con la connivencia de los responsables políticos tanto del gobierno central como del vasco. El último episodio en esta ceremonia de la confusión lo constituye la convocatoria para el próximo día 13 de agosto de una manifestación a favor de la autodeterminación que ninguno de los dos gobiernos se muestra dispuesto a prohibir.
Con todo, lo más grave de la situación del deterioro político-institucional y de falta de respeto a la legislación vigente que se está generando en el País Vasco es la enorme debilidad en la que subsiste aquel sector de la población contrario al nacionalismo dominante y, por supuesto, a la negociación con los asesinos de ETA-Batasuna. A cualquier demócrata le resultará evidente que circunstancias como que una banda terrorista situada fuera de la ley pueda celebrar convocatorias públicas impunemente, conlleva efectos devastadores, democráticamente hablando, para la ciudadanía. Por un lado, envalentona a los acólitos del terrorismo etarra y para comprobarlo sólo hace falta observar el tono de las recientes declaraciones de los dirigentes pro-etarras como las de Pernando Barrena o también el comportamiento de asesinos confesos como es el caso de Txapote, quien en los juicios celebrados por los horrendos crímenes por él cometidos se manifestó orgulloso de su pertenencia a la ETA. A la vez, supone un durísimo mazazo para quienes luchamos por la libertad en el País Vasco y llevamos resistiendo desde hace años contra este régimen de pensamiento único y obligatorio imperante en nuestra tierra.
En este contexto, los actos de acoso a los que determinados constitucionalistas nos vemos sometidos a diario, cuya intensidad y virulencia se ha recrudecido en las últimas fechas, no hacen sino reflejar una situación que, a mi modo de entender, cuestiona la democracia en el País Vasco, o dicho de otra forma, niega la existencia de la democracia en una parte de España.
En este sentido, procede poner de manifiesto que el devenir de los acontecimientos desde la llegada del señor Rodríguez Zapatero al poder ha supuesto, al hilo de una política antiterrorista que únicamente puede calificarse de catastrófica, pues cede a las pretensiones de los asesinos, un desarme moral de los constitucionalistas y un correlativo rearme de los violentos y de los sectores separatistas. Si echamos la vista atrás podemos constatar que, antes del año 2004, existía un pacto antiterrorista basado en la unión en torno a unos principios básicos, lo que condujo a lo que algunos hemos denominado la revuelta cívica en el País Vasco. Prueba evidente de lo anterior lo constituyen las masivas manifestaciones celebradas en San Sebastián, hitos que demuestran que si se vehicula adecuadamente el sentir de una parte importante de la población, ésta se expresa contra el nacionalismo excluyente. Sin embargo, a partir de las elecciones del año 2004, el Gobierno central ha convertido con su política de hechos consumados el referido pacto antiterrorista en papel mojado, y en la actualidad su obsesión reside en pactar con los asesinos y concederles todo lo que ETA-Batasuna les exige.
En general, la gran mayoría de las decisiones, especialmente en política, no se adoptan porque sí sino que existe una motivación intrínseca. Por eso considero que concurre una pretensión subyacente al conjunto de los acontecimientos que están sucediendo en el marco de la cesión a Batasuna-ETA por parte del ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero. El desarme de los constitucionalistas en el País Vasco al que la misma conduce no constituye una consecuencia no querida, sino un objetivo buscado desde un primer momento por parte tanto del nacionalismo vasco en su conjunto (desde el PNV a ETA-Batasuna pasando por EA e IU) como de los actuales dirigentes del PSE/EE y del PSOE. Y es que resulta evidente que un movimiento constitucionalista fuerte en el País Vasco aumenta significativamente el nexo de unión entre los dos grandes partidos nacionales (PSOE y PP) y, por lo tanto, discrimina a las opciones nacionalistas periféricas y a la propia IU como agentes decisorios en la política nacional.
Lo que nuestro actual Presidente del Gobierno pretende es, ni más ni menos, que legitimar a ese conjunto de opciones nacionalistas –vascas, catalanas y gallegas– como eje de la estabilidad institucional en el gobierno central, a sabiendas de que aquellas en ningún caso pactarán con el PP dada la irresoluble discrepancia en los argumentos en lo relativo al modelo de Estado. En definitiva, la cesión a Batasuna-ETA, amén de una traición de enorme calibre a nuestro Estado de Derecho y a las víctimas del terrorismo, supone el prolegómeno de una situación de enorme gravedad institucional en la que a medio plazo se pretende marginar políticamente a una opción como el PP que representa a un porcentaje muy significativo de nuestra ciudadanía. El actual PSOE sabe que ello tiene un precio, que no es otro que la necesidad de ceder a las pretensiones políticas (territoriales, soberanistas, etc.) de los nacionalismos periféricos, pero está dispuesto a llevar a cabo dicha cesión.
Mientras tanto, el eje de todo el entramado expuesto reside en la negociación con ETA-Batasuna, pues el gran golpe de efecto que puede convertir a Rodríguez Zapatero ante la ciudadanía en el "héroe" que acabó con ETA es precisamente la consecución de un pacto con los asesinos.
Tardaremos muy poco tiempo en constatar si todo lo expuesto tiene visos de realidad o simplemente constituye una percepción errónea de los hechos acaecidos de un tiempo a esta parte. Personalmente, considero que los acontecimientos están confirmando punto por punto los peores augurios que llevo expresando en artículos periodísticos en los últimos meses, y hoy puedo afirmar con rotundidad que por decir lo que se ha confirmado que era la verdad mi propio partido me abrió un expediente disciplinario aún pendiente de resolución. Pero lo importante en estos momentos no son tanto las situaciones personales, sino denunciar que la democracia española está en peligro, y que cualquier pacto al que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero pueda llegar con ETA-Batasuna es a costa de sacrificar la nación española tal como la conocemos hoy en día. Por ello, a todos los que creemos en esa maravillosa realidad fundada sobre el concepto de ciudadanía en su sentido más pleno que hoy es España, país admirado de manera generalizada a nivel internacional, nos corresponde continuar con la revuelta cívica a la que me refería anteriormente, pues hoy más que nunca está en juego el devenir de nuestro Estado de Derecho. Pactar con ETA-Batasuna supone renunciar a los grandes principios por los que se ha guiado en las últimas décadas nuestra democracia. Si entregamos la llave de nuestro futuro a los nacionalistas (sean del signo que sean) tengan por seguro que asistimos al corolario de la Nación española.