¿Deben las Naciones Unidas y demás organismos internacionales tener la facultad de imponernos impuestos a los habitantes del mundo? Históricamente, solamente nuestros gobiernos nacionales han tenido esa potestad, mientras que la ONU y los otros organismos internacionales han dependido de su habilidad en extraer dinero a los gobiernos.
Claro que a los funcionarios de la ONU y de organismos como la OCDE, OEA, CEPAL, FAO, UNESCO, OMS, etc. les disgusta el actual sistema porque limita su habilidad de gastar el dinero de los demás en sus sueldos, programas y gastos. Por eso los burócratas de la ONU han propuesto un impuesto internacional a la gasolina, a los pasajes aéreos, a las transacciones financieras internacionales, al uso del carbón y a muchas otras transacciones de bienes y servicios.
Preocupado ante tales intentos, el congresista republicano Ron Paul, de Texas, redactó una ley que ha sido recientemente aprobada por la Cámara de Representantes y que prohíbe al gobierno de Estados Unidos pagar cuotas a las Naciones Unidas si ésta instrumenta o impone algún impuesto a los ciudadanos norteamericanos.
El asunto ha pasado al Senado, donde un proyecto bipartidista denominado "Ley de Protección Contra Impuestos de la ONU" tiene el apoyo inicial de 34 senadores. Esa ley obligaría al gobierno de EEUU retener el 20% de los subsidios que concede a la ONU, la OCDE y demás organismos internacionales si éstos desarrollan, propugnan, endosan, promueven o publicitan cualquier propuesta sobre "la imposición de algún impuesto o cargo al algún ciudadano de Estados Unidos o sobre ganancias obtenidas en Estados Unidos para levantar fondos para las Naciones Unidas, para cualquier gobierno extranjero u organismo internacional".
El Congreso, en apoyo de tales propuestas, produjo una lista de 47 ejemplos de apoyos de funcionarios de la ONU a varios planes de impuestos mundiales, las violaciones de leyes vigentes que supondrían esos planes, la masiva corrupción dentro de la ONU y el daño que tales propósitos impositivos le hacen a la soberanía y al crecimiento económico de naciones de todo el mundo.
Esta ley ha suscitado el apoyo de una amplia coalición de instituciones dedicadas al estudio de políticas públicas, pero en contrapartida también han aparecido, por otro lado, los apologistas de la ONU y demás organismos internacionales, con su acostumbrada ceguera frente a la corrupción y al desperdicio de fondos.
Bajo las leyes de Estados Unidos es ilegal utilizar dinero de los contribuyentes para cabildear con el fin de obtener fondos adicionales para alguna oficina gubernamental. Pero la ONU y la OCDE están haciendo exactamente eso. Nos encontramos, entonces, en la extraña situación donde los contribuyentes de todo el mundo están pagando campañas que tienen como fin aumentarles los impuestos a todos ellos, sin ninguna protección de la soberanía nacional contra ellas. Si eso no es tiranía, ¿qué lo es?
Los defensores de impuestos internacionales que serían administrados por sus compañeros burócratas que no le rinden cuentas a nadie llegan al colmo de reconocer que el dinero recibido hasta ahora ha sido malgastado o robado, pero aducen que los procedimientos se han corregido y que "los nuevos fondos se utilizarán para ayudar a los pobres del mundo". El secretario general de la ONU, Kofi Annan, usa ese argumento constantemente, a pesar que la investigación del escándalo mundial más grande de la historia –el programa de petróleo por alimentos de la ONU– determinó que la corrupción benefició a miembros de su propia familia.
Si la ONU, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el resto de organismos internacionales actuaran debidamente, no se requeriría ni un centavo adicional para ayuda externa.
Podemos estar seguros que si la ONU y demás organismos internacionales obtienen el poder de cobrarnos impuestos directamente, la gente más productiva del mundo se volverá más pobre y menos libre, mientras que la clase burocrática internacional se enriquecerá.