La versión oficial del 11-M, la del PSOE, el Gobierno, sus socios parlamentarios y la que el juez Del Olmo mantiene a capa y espada hace aguas por todas partes. Este lunes el diario El Mundo inauguraba el mes de septiembre con una larga entrevista de Fernando Múgica a Emilio Suárez Trashorras. Una entrevista que ha dado mucho de sí abriendo nuevos interrogantes sobre la masacre. Interrogantes que, por lo que parece, nadie, a excepción de un puñado de periodistas, quiere despejar.
Según el ex minero asturiano, la Policía y el CNI le ofrecieron dinero, un piso e inmunidad a cambio de que incriminase a Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los presuntos terroristas islámicos que se suicidaron en Leganés en abril de 2004. La obsesión de los servicios de Inteligencia era, siguiendo la declaración de Trashorras, implicar a los moros a cualquier precio y alejar las sospechas sobre la ETA "alegando el momento político que se estaba viviendo en España". Poco más se puede añadir a algo tan terminante, especialmente cuando el propio Trashorras fue comisionado por un inspector de policía de Avilés para que vendiese ilegalmente explosivos a la banda terrorista vasca.
No quedan ya demasiadas excusas para pedir una investigación más concienzuda sobre el papel que jugó la ETA en la trama del 11-M. Son varios los testimonios que coinciden, por no hablar de la concomitancia temporal en las caravanas de la muerte que bajaron a Madrid en aquellas fechas, o de los encuentros –quizá no tan fortuitos– en un club de alterne en el que se dieron cita otro confidente policial, Javier Lavandera, "un grupo de vascos", un agente de la Guardia Civil y, naturalmente, el propio Trashorras.
Tal cúmulo de indicios no puede pasar desapercibido ni al juez que está llevando a cabo la investigación ni a un Gobierno que presume de tenerlo todo claro en lo referente al 11-M. Partimos del hecho de que las pesquisas judiciales están siendo desesperadamente lentas y erráticas en muchas ocasiones. Tampoco nos es ajeno que el Gobierno de Zapatero está poco o nada interesado en escarbar en la trama del 11-M y hacer aflorar la verdad.
Por esto, porque ni juez ni Gobierno están por la labor de revisar una versión oficial que ya no se cree nadie, es bienvenida la iniciativa del Partido Popular de interpelar al ministro del Interior sobre este tema. Ya era hora de que la oposición ejerciera de tal y exigiese a Alfredo Pérez Rubalcaba una explicación coherente sobre todo lo que se ha descubierto desde que su Gobierno diese carpetazo al caso. Es un primer paso, y decimos primero porque queda mucho por investigar y mucho por aclarar.
Por más que el Gobierno quiera diluir su responsabilidad en los consabidos mantras sobre el fracaso electoral del PP, tiene la obligación moral de hacer frente a este asunto y no ignorar las novedades de una investigación que sigue su curso muy a pesar suyo. Es deber del Gobierno ofrecer a la Nación respuestas a preguntas de las que viene huyendo desde hace demasiado tiempo. Es tan grave lo que se despacha en esto que el Partido Popular, la única oposición existente hoy por hoy en las Cámaras, ha de perseverar hasta conseguir que se retrate el Gobierno. Y que lo haga a través de un ministro que hizo su agosto en aquellas jornadas aciagas; para bien, o para mal.
