Lo grave no es ya que el Gobierno de Zapatero no previera las nefastas consecuencias de su irresponsable política de inmigración e hiciera oídos sordos ante las advertencias del PP y de la totalidad de nuestros socios comunitarios. Lo grave ahora es la falta de reacción, incluso una vez llegada la evidencia del desastre. Una parálisis que se manifiesta hasta en cuestiones tan inmediatas y puntuales como es dotar de mayor alojamiento y refuerzo policial a la custodia de esa ingente cantidad de "sin papeles" que se hacinan en los centros de internamiento.
La Confederación Española de Policía se ha dirigido a Pérez Rubalcaba, en un escrito que debería avergonzar a cualquier ministro con capacidad de avergonzarse, para reclamar que los policías queden "exentos de cualquier responsabilidad que la propia administración, en su incapacidad de gestión pública, quisiera imputarles". La CEP se refiere así a la posibilidad de que se produzcan "fugas" o "riñas" en el interior de los centros, pues detecta una "verdadera voluntad generalizada de fuga" por parte de los inmigrantes ilegales internados, quienes ya han provocado dos motines. La CEP ha advertido de la imposibilidad de que sus agentes puedan evitar nuevos intentos de fuga debido a la escasez de efectivos, que se encuentran en una proporción de uno por cada trescientos inmigrantes.
Mientras tanto, la vicepresidenta De la Vega ha tenido la desfachatez de tratar de implicar al PP en todo este desaguisado ofreciendo a este partido un gran pacto de Estado sobre política de inmigración. Ni que decir tiene que semejante requerimiento no ha venido precedido ni por la dimisión de ningún ministro ni por el más mínimo reconocimiento por parte del Gobierno de los errores cometidos. Por el contrario, ha venido precedido por la clamorosa mentira de la vicepresidenta, quien no ha tenido empacho en proclamar que todas las propuestas alternativas anunciadas por Rajoy para enmendar la situación ya han sido aplicadas por el Ejecutivo.
Si de verdad el Gobierno tiene propósito de enmienda, que reconozca los errores cometidos, que cese a sus máximos responsables, y que vote favorablemente a la propuesta presentada por el PP. Cualquier otra cosa es tratar de confundir la envenenada e irresponsable trayectoria del Gobierno con la de quienes se opusieron a la misma y tratan ahora de mitigarla. Eso, por no hablar del intento de implicar al principal partido de la oposición en las consecuencias de una desastrosa política que, siendo graves, todavía pueden serlo mucho más.
