Si no ha oído todavía nada acerca de ello, prepárese para hacerlo, porque es uno de esos temas que los cronistas de la escena política adoran, aunque sólo sea por lo que suponen como ruptura de la monotonía. En diferentes países del mundo, como Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos o España, está apareciendo un nuevo movimiento, que en nuestro país se ha concretado en el llamado Partido Pirata. Resulta aún demasiado pronto para saber si se tratará de una aventura finalmente sin consecuencias, del estilo de la protagonizada por el cómico francés Coluche o por el Partido para la Legalización del Cannabis, o llegará a tener algún impacto, aunque sea minúsculo, sobre el arco parlamentario. Pero su sola existencia merece un análisis acerca de los motivos que pueden estar llevando a una serie de ciudadanos a agruparse bajo esa bandera.
Los orígenes del Partido Pirata hay que buscarlos en Suecia, en enero de este año. El partido sueco tuvo su principal hito en repercusión mediática y número de afiliados cuando el pasado mayo la policía, actuando presuntamente por presiones del gobierno estadounidense, entró en un centro de datos donde se hospedaban los servidores de The Pirate Bay, el sitio de intercambio de enlaces de contenidos P2P más popular del mundo, y confiscaron todos sus servidores alegando que almacenaban contenidos ilegales. La denuncia era patentemente falsa y perfectamente obvia para cualquier conocedor de la mecánica de intercambio de archivos en la red: es bien sabido que este tipo de servidores permiten establecer conexiones con los ordenadores de los usuarios que poseen el contenido buscado, pero no almacenan tales contenidos. En ese sentido, su papel es idéntico al de un buscador tradicional.
Tras el intento de redada, que culminó con la liberación prácticamente inmediata de los detenidos y la reanudación de las actividades del sitio desde otro lugar en muy pocos días, la sociedad sueca reaccionó de manera virulenta ante lo que parecía claramente una intromisión de un país extranjero en su propia soberanía. Un número elevado de personas se unieron entonces al Partido Pirata y la publicidad que obtuvo el caso contribuyó a la aparición de partidos similares en otros países.
El análisis interesante, sin embargo, aparece al plantearse cuáles son las motivaciones que subyacen tras la aparición de un partido así. En el caso de Coluche, por ejemplo, se trataba de una actitud cuasi-anarquista, antisistema, que planteaba una auténtica pérdida de la fe en los procesos electorales. Si hablamos del antes citado Partido para la Legalización del Cannabis debemos buscar su origen en una argumentación, no carente de lógica, según la cual la mayoría de los problemas derivados del consumo de drogas proviene de su carácter ilegal, lo que alienta, entre otras cosas, un tráfico y consumo clandestino que suele situarse en manos de mafias organizadas a todos los niveles. ¿Cuáles son, por tanto, las motivaciones que llevan a la aparición de un Partido Pirata?
La respuesta a esta pregunta es preciso buscarla en la permanente actuación de determinados lobbies de industrias basadas en la explotación de los derechos de autor, en su influencia sobre los partidos políticos parlamentarios para adaptar las leyes a su antojo, y en la persecución constante que dichas empresas desarrollan sobre aquellos que son, en el fondo, sus legítimos clientes. Así, el Partido Pirata reclama la revisión de las leyes sobre propiedad intelectual, con fuertes limitaciones sobre los conceptos que pueden ser sujetos a protección y sobre el plazo de vigencia que se concede. Pero sería un error ver en la raíz de este movimiento un mero deseo de acceder a contenidos audiovisuales. En realidad, lo que hacen es abogar por una mayor protección de la privacidad de los ciudadanos frente a un gobierno que pretende fiscalizar y espiar su comportamiento en la red, abogando por una actuación transparente del gobierno que evite su sometimiento actual al poder de industrias únicamente interesadas en maximizar los rendimientos de modelos de negocio caducos. En el fondo, se trata de ciudadanos que piden a sus representantes que les apoyen y les defiendan de manera transparente, en lugar de posicionarse de manera unánime a favor de una industria avariciosa empeñada en criminalizarlos de manera obsesiva.
En algunos países, como Suecia, la progresiva pujanza del movimiento ha llevado a algunos partidos tradicionales a modificar sus posiciones con respecto al copyright, en un intento de retener a unos electores jóvenes que se sienten muy afines a las tesis del Partido Pirata. Bien a través de la consecución de representantes en unas elecciones o mediante la influencia ejercida sobre otros partidos parece que, al menos en algunos países, podría hacerse oír en breve la voz de esos clientes a los que una industria aferrada al pasado decidió perseguir implacablemente.
En el fondo, lo importante es entender que cuando este tipo de cosas suceden lo hacen en reacción a algo. En este caso, al manifiesto abuso de la industria y a la falta de reacción –o incluso el apoyo connivente– del estamento político tradicional, algo que decididamente sustrae validez a su papel de representantes del pueblo. Obviamente, sólo el futuro puede decirnos qué ocurrirá con el Partido Pirata. Pero por el momento, con su sola existencia, ya ha conseguido gran parte de su objetivo: traer a la escena política una discusión que los partidos mayoritarios, desoyendo la voz de sus electores, se habían negado a considerar.