La desnaturalización de la política económica española que está llevando a cabo Zapatero para satisfacer sus propios intereses, ambiciones y complejos llega hasta tal punto que los presupuestos están dejando de cumplir sus funciones básicas. En las economías modernas, una de las misiones fundamentales del gasto público es llevar a cabo una redistribución de la renta desde los que más tienen hacia los más desfavorecidos, ya sean personas, ya sean territorios. Pues bien, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en el capítulo de inversiones públicas en infraestructuras, hace justo lo contrario: dar más al que más tiene, esto es, Cataluña. Y lo hace, además, permitiendo que una parte del territorio se imponga a un Estado que se supone que tiene que velar por los intereses comunes del país, no dar satisfacción a intereses particulares en detrimento de los más generales o de aquellos que más lo necesitan.
Los presupuestos para el próximo ejercicio prevén un crecimiento muy fuerte de la inversión pública en infraestructuras en Cataluña. Dicho aumento está fijado, inicialmente, en 400 millones de euros, si bien como resultado de las negociaciones que tendrán que llevar a cabo los socialistas para sacar adelante el proyecto, y teniendo en cuenta que los presupuestos se debatirán en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas, dicha aumento podría verse incrementado hasta los 900 ó 1.000 millones de euros que exigen CiU, ERC e IU-ICV. Así es que los intereses políticos del PSOE van a primar sobre las necesidades del país y lo van a pagar el resto de los españoles, porque ese dinero de más saldrá de otras partidas presupuestarias y de la subida de impuestos.
Lo más triste de todo, sin embargo, consiste en la renuncia que hace el Estado al ejercicio de sus funciones a través del presupuesto. El estatuto catalán contempla que el porcentaje de inversión pública sobre el total que el Estado destine a Cataluña tiene que ser el mismo que el porcentaje que representa la economía catalana sobre el conjunto nacional. Primera cuestión alarmante porque un estatuto de autonomía no puede imponerse a la legislación nacional y determinar la política de ámbito estatal, sea en el ámbito que sea. Zapatero, sin embargo, aceptó esto y ahora tiene que pagar la factura con el dinero de todos.
Cataluña es, hoy por hoy, la región con más peso económico en España, pues supone el 18,8% de la economía española. Madrid, por su parte, está tan solo unas décimas por debajo y, sin embargo, recibe, comparativamente, mucho menos dinero del Estado para invertir en infraestructuras. Aún así, la Comunidad de Madrid lleva años desplegando inversiones multimillonarias a cargo de sus presupuestos, como Metro Sur, el soterramiento y la modernización de la M-30 o Metro Norte. ¿Por qué Cataluña, que es la comunidad autónoma española con el gasto público por habitante más elevado, no hace lo mismo? Las decisiones presupuestarias son decisiones políticas y cada gobierno regional hace con su presupuesto lo que quiere, en función de sus prioridades políticas. Por consiguiente, si Cataluña quiere más inversión pública, lo primero que tienen que hacer sus políticos es modificar sus prioridades presupuestarias, no exigir al Estado que lo paguen los demás. Y, por supuesto, el Estado nunca debería ceder.
Cataluña, además, cuenta con muchos más recursos financieros que Madrid para abordar una política de inversión en infraestructuras propia como la que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. Cataluña, por ejemplo, recibe más fondos europeos que Madrid; asimismo, algo más del 10% de su gasto público, el más alto de entre todas las autonomías españolas, se financia con el fondo de suficiencia (establecido en el nuevo sistema de financiación autonómica para cubrir la diferencia entre lo que recaudan las autonomías a través de los impuestos cedidos y lo que venían percibiendo del Estado con el sistema anterior) mientras que Madrid, junto con Navarra y Baleares, son contribuyentes netos a dicho fondo. En consecuencia, lo que tendría que hacer el Ejecutivo catalán es sanear sus finanzas y reformar su gasto público o, si quiere gastar más, subir los impuestos, que para eso tiene competencias en esta materia, en vez de exigir más y más al Estado. Por su parte, el Gobierno de Zapatero jamás tendría que haber entrado en este juego. Por el contrario, lo que debería hacer mediante los presupuestos es un reparto más justo y equitativo entre todas las regiones españolas de los recursos que destinará el próximo año a financiar la inversión en infraestructuras, porque lo que está a punto de llevar a cabo es una de las mayores injusticias económicas y sociales que podrían tener lugar en este país, esto es, que quien más tiene, más obtiene de esa caja común que son los presupuestos.
