La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha emitido un auto en el que sostiene que hay "indicios suficientes" para investigar si se ha cometido "al menos" un delito de falsedad en documento público por la incorporación al sumario del 11-M de un documento "alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma". Está aludiendo, naturalmente, al informe sobre el ácido bórico, ese que en su primera versión constaba de tres folios e iba firmado por tres peritos y, luego de una oportuna mutación, acabó en el juzgado del juez Del Olmo con un folio y tres firmas de menos (y una de más), por mencionar sólo dos de los cambios que experimentó entre el 21 y el 22 de marzo de 2005.
¿Qué hará ahora el ministro Rubalcaba ("Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta") con su anunciada denuncia contra el diario El Mundo por sacar a la luz el caso del informe mutante? ¿Y el comisario Santano? ¿Volverá a Cuatro, para explicar con más detalle a la audiencia del prejubilado Gabilondo en qué consisten los "controles de calidad" que se estilan en la Policía Científica y reafirmar que "volvería a quitar" las "meras elucubraciones sin fundamento científico" que aparecían en la primera versión del documento y desaparecieron en la segunda? ¿Y los medios de transmisión gubernamental? ¿Cargarán de nuevo contra Libertad Digital, El Mundo y la COPE o se decantarán por incluir entre los desestabilizadores del sistema a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia?
