Hay ciertos hechos de la realidad que provocan perplejidad. Por ejemplo, en estos días en Uruguay, un conflicto en la industria láctea derivó en la pérdida de más de 50.000 litros de leche, lo cual incluso podría afectar las exportaciones. ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan?
Según informes de prensa, esas son las consecuencias de las exigencias salariales del gremio del sector lácteo que exige un aumento por encima de la pauta que estableció el Poder Ejecutivo. Esas acciones sindicales han provocado graves problemas de distribución, afectando la tarea de los camiones cisternas que transportan el insumo hasta las diferentes plantas industriales. Varios portavoces del gobierno manifestaron preocupación por las pérdidas de miles de litros de leche y expresaron que si esta situación se prolonga se considerará decretar la "esencialidad" de la distribución de leche.
De modo que frente a un desquicio económico, el gobierno amenaza con utilizar la fuerza, típica reacción política. Con tales declaraciones, las autoridades pretenden demostrar que van a "defender" a los desamparados habitantes de "actos irracionales" del sector privado. Pero, ¿alguien se detuvo a pensar quién es el verdadero culpable de insólita situación?
Analicemos los hechos para determinar el origen de tanta violencia entre conciudadanos y tanta pérdida económica. El gobierno se ha arrogado la potestad de determinar cuánto debe pagar cada empresa a sus empleados, lo que delata que se considera omnisciente y con sabiduría divina. Es obvio que cree que las personas que designó como funcionarios de la administración pública son capaces de poseer toda la información necesaria como para cumplir con tan delicado papel.
En ese contexto, el director nacional de Trabajo declaró que "el Ministerio de Trabajo es de todos los trabajadores. ¿Por qué le vamos a dar por encima de la pauta a un determinado gremio y a otro no?" Asimismo expuso, que la política salarial de esta administración "es un pedazo importante de la política económica". Por su parte, el sindicato expresó que "deslinda responsabilidad" en la pérdida de la materia prima y acusa a los empresarios. Un sindicalista manifestó que resulta "insultante para la pobreza que hay en este país" que se esté tirando leche.
En cambio, fuentes empresariales opinan que "no es posible que la sociedad haya aportado 200 millones de dólares en el Plan de Emergencia para brindar alimentación a gente necesitada y, por otro lado, nos demos el lujo de tirar leche". Menos aún se entiende la situación cuando esos trabajadores tienen "los mejores sueldos de la industria". Asimismo dicen que el conflicto es consecuencia de la "dictadura sindical" que existe en Uruguay, con "reconocimiento oficial", que aplica métodos basados en la "fuerza y el poder".
El enfrentamiento entre empresarios y trabajadores del sector lácteo se suma a la situación conflictiva de la mayoría de las ramas industriales.
La ministra de Desarrollo Social manifestó que el gobierno buscará la "fórmula" para que, en caso de que el conflicto no se solucione rápidamente, no se desperdicie ese producto y sea destinado para los hogares pobres. Esa es otra característica propia de los políticos latinoamericanos: hacer "caridad" con recursos ajenos.
El descaro de esa declaración se aprecia en toda su magnitud al recordar que ese ministerio fue "inventado" especialmente para la dirigente del partido gobernante. Claro, en un país que tiene poco más de tres millones de habitantes, trece ministerios y sus respectivas hipertróficas burocracias, no alcanzaban para "premiar" a tanto esforzado luchador social. Sólo una gran soberbia puede inducir a alguien a pensar que es posible imponer una "política salarial" sin destrozar a la propia economía y empobrecer aún más a los habitantes.