Desde que Julen Madariaga acudiera a Londres en 1973 a una cumbre terrorista con las Brigadas Rojas, el Frente de Liberación de Québec y el grupo palestino Septiembre Negro, los pistoleros vascos siempre han buscado la "internacionalización del conflicto". Jamás soñaron los representantes de la falazmente denominada "izquierda abertzale" que su introductor en las instituciones democráticas europeas, de las que habían sido expulsados al desenmascararse su integración en la banda armada vasca, sería el mismísimo Gobierno de España, aquel al que precisamente pretenden destruir.
Culmina así la larga trayectoria de la diplomacia de las pistolas que llegó incluso en 1996 a ser presentada a bombo y platillo con la creación de una entidad que se inscribió en el registro de inscripciones del Gobierno vasco y que llevaba por nombre Xaki. Su objetivo, entre otros, era "deslegitimar internacionalmente el ordenamiento jurídico español en sus aspectos procesales, penales y penitenciarios; difundir en el mundo los pretendidos derechos colectivos del pueblo vasco y su negación por los estados español y francés, denunciando las restricciones que el ordenamiento jurídico español impone al derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo vasco así como la denuncia del uso de medios represivos para mantener la unidad territorial".
Instado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, el juez Garzón destapó el pastel. Desmanteló el entramado etarra internacional, lo ilegalizó al igual que al resto de la compleja trama tejida por los terroristas y por su partido político. Quedó demostrado que formaba parte de la estructura etarra. El sanedrín del terror diseñaba la estrategia, designaba los representantes que acudían en su representación, establecía los mensajes que debían decir. Eran terroristas disfrazados de mensajeros de la paz "víctimas del Estado opresor".
Diez años después, ETA no necesita a Xaki. Tiene a Zapatero y a su Gobierno, a un fiscal general del Estado que ejerce de abogado de los etarras en el saldillo en que ha convertido las condenas y al juez que les ilegalizó, político estrellado reconvertido en juez político. ETA-Batasuna no debe condenar la violencia, ya lo maquillará Zapatero. ETA no quiere la paz. Zapatero tampoco, ni siquiera salvar vidas. Sólo es el precio del poder.
El pleno del Parlamento Europeo del miércoles 25 a instancias del Grupo Socialista español es el acto de presentación de credenciales de ETA ante la UE cuyo embajador de facto es José Luis Rodríguez Zapatero.