El debate del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz equivale a un debate acerca la legalización de la banda terrorista. Ese es el alcance del asunto.
Conviene felicitarse, por eso, de que el Partido Popular español haya conseguido limitar los daños previsibles. De todos modos, y con independencia del resultado de la votación, ya se ha hecho un mal considerable. Nadie se ha hecho nunca muchas ilusiones acerca del Parlamento Europeo. Pero que un foro que aspira a representar al conjunto de la población de Europa acepte una discusión como esta significa de por sí que en ese foro no se conoce con claridad lo que es la democracia ni el papel de las instituciones en la defensa de la libertad.
Por otra parte, ha quedado claro que la izquierda europea no anda tan lejos como algunos suponían del socialismo à la Rodríguez Zapatero. Conozco a muchas personas, a priori bien informadas, que sostenían que la izquierda del resto de Europa mantenía con claridad principios que el PSOE ha olvidado en España, como son la defensa del Estado, el respeto a la legalidad, el sentido de la lealtad nacional. El apoyo al PSOE en este asunto demuestra que al igual que aquí, esos principios pasan a segundo plano cuando se trata de mantenerse en el poder. No somos una excepción en Europa. Probablemente seamos una vez más la punta de lanza de un movimiento más amplio.
Ese movimiento ya está alcanzando en España su velocidad de crucero. El debate en el Parlamento Europeo le dará carta de naturaleza en el resto del continente. Aquí ya vivimos desde hace tiempo en una nueva zona, turbia y pantanosa, en la que las instituciones han dejado de proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos y ni siquiera intentan ya limitar las arbitrariedades del poder. Se puede hablar con los terroristas y al mismo tiempo firmar el pacto antiterrorista. Se pueden dar por buenas manifestaciones terroristas y criticar las de las víctimas. Se puede presionar a una institución como la del Defensor del Pueblo con fines estrictamente electorales, o tal vez de ejemplaridad para los propios miembros del partido en el gobierno.
En el fondo, se está sembrando la idea de que la violencia es un instrumento político legítimo. Supongo que el grupo del Partido Popular Europeo se habrá dado cuenta de que al apoyar la legalización de los etarras lo que la izquierda está planteando es también la supervivencia del centro derecha como entidad política.
Frente a eso, en España se han levantado algunos jueces y determinadas instituciones judiciales, algunos medios de comunicación y una parte de la opinión pública movilizada en torno a nuevos movimientos sociales y organizaciones de todo tipo. No parece mucho, pero es gigantesco. Los populares deberían dejar constancia de esa realidad en el Parlamento Europeo.