Las elecciones autonómicas catalanas del 1 de noviembre no solo van a determinar la composición del nuevo Gobierno de la Generalitat, sino que va a tener consecuencias económicas transcendentales, para Cataluña y, probablemente también, para el conjunto de España.
Las urnas dieron como ganador al candidato de CiU, Artur Mas, pero con una mayoría insuficiente para gobernar. En consecuencia, el nuevo mapa político catalán conduce, de manera inexorable, a la búsqueda de pactos y alianzas que permitan formar Gobierno. En este sentido, la lógica de los hechos indica que el primer partido en mover ficha debería ser el más votado, esto es, CIU. Ante la coalición cristianodemócrata se presentan dos opciones.
La primera de ellas sería la búsqueda de un pacto de marcado carácter catalanista. Ello podría suponer la profundización en la vía abierta por el tripartito presidido por Pasqual Maragall de distanciamiento progresivo del resto de España. Sin embargo, esta opción tiene costes económicos que Artur Mas conoce y no pasa por alto. Mas recuerda la reacción de algunos ciudadanos del resto de España ante cuestiones como la política del tripartito o el traslado de los papeles de la Generalitat desde el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que motivo un cierto boicot a los productos catalanes que Mas vio con preocupación por las pérdidas de ingresos y puestos de trabajo que ello podía conllevar. Para el nacionalismo catalán de derechas –y CiU lo representa– que siempre ha dado mucha importancia a la cuestión económica y, en gran medida, se ha fundamentado en ella, este punto es muy importante y, con toda probabilidad, va a tenerlo en cuenta. Por ello, parece más lógico pensar que Convergencia y Uniò tienda a alcanzar un acuerdo menos complicado con los socialistas catalanes. En dicho caso, este acuerdo tendría repercusiones económicas de alcance nacional.
No cabe duda de que un pacto de estas características tendría su reflejo en los presupuestos del Estado. Ya lo hemos visto este año, sin ir más lejos, cuando CiU amenazó con votar en contra del proyecto elaborado por Solbes y, al final, lo respaldó una vez que hubo conseguido más inversiones estatales para Cataluña. Esta situación podría volver a repetirse el año próximo. Pero es que, además, la negociación de ese acuerdo, que, de una u otra forma, podría permitir la continuidad de los socialistas catalanes en el Gobierno de la Generalitat, podría tener implicaciones aún mayores. Se trata, por ejemplo, de la presencia de representantes de CiU en organismos reguladores de la economía, ya sean jurídicos o simples comisiones reguladoras, de la que hasta ahora carecen. E, incluso, rizando el rizo, se podrían producir nuevos traslados de sedes de dichos organismos a territorio catalán, como ya ocurrió con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Esto no es una mera elucubración; CiU siempre ha aspirado a ello.
Los socialistas, sin embargo, podrían decantarse por el alejamiento de CiU y la reedición del tripartito. A fin de cuentas, ellos son la clave para poder formar mayorías absolutas estables en el Parlamento catalán. Y esa posible reedición del tripartito tendría, sin lugar a dudas, consecuencias presupuestarias.
De todas formas, y pase lo que vaya a pasar con el próximo Gobierno catalán, hay elementos económicos que van a quedar necesariamente determinados por la composición del próximo Ejecutivo. Uno de ellos, de gran importancia, es la presidencia de La Caixa. En dos años, su actual primer ejecutivo, Ricardo Fornesa, tiene que abandonar el cargo. El nombramiento de su sucesor vendrá condicionado por quién ocupe la Generalitat. La Caixa, además, no es cualquier caja de ahorros. Por el contrario, se trata de la tercera entidad financiera de este país, con una importante cartera de participaciones industriales. La Caixa, hoy por hoy, controla Gas Natural y, en cierta medida, Repsol. Además, también tiene capacidad de decisión sobre la concesionaria Abertis, explotadora de la mayor parte de las autopistas de peaje españolas y propietaria de Retevisión. Por último, La Caixa se sienta en el consejo de administración de Telefónica. De ahí la relevancia de quien se siente dentro de dos años en el sillón presidencial que hoy ocupa Fornesa, un presidente cuyo nombramiento estará condicionado por lo que pase en cuanto a la formación del próximo Ejecutivo de la Generalitat.
De la misma forma, lo que pueda suceder a partir de ahora con Endesa también va a venir determinado por la composición del próximo Gobierno catalán. Todo el origen de las opas sobre la primera eléctrica española se encuentra en el pacto de Tinell, por el cual el PSOE se comprometía a dotar a Cataluña de una compañía eléctrica catalana, tal y como le exigió ERC. La revitalización del tripartito implicaría, con toda probabilidad, la reedición de dicha exigencia y, por tanto, condicionaría las actuaciones del Gobierno de Zapatero al respecto. Si, por el contrario, CiU y los socialistas llegan a un acuerdo, las cosas podrían ser distintas. En CiU saben los costes que ha tenido para Cataluña, hasta ahora, todo el lío de Endesa, que ha podido amenazar a otra empresa importante bajo control catalán, esto es, Abertis. Asimismo, Mas es plenamente consciente, y así lo ha dicho, que todo cuanto ha sucedido en torno a la OPA de Gas Natural sobre Endesa ha sido producto de la identificación, con razón o sin ella, de esta operación con la política del tripartito y le ha costado caro a Cataluña sobre todo en términos de imagen nacional e internacional. Eso, sin duda, afectaría a la posición de la Generalitat, y también del Gobierno de Zapatero, en torno a esta cuestión.
La composición del próximo Gobierno de la Generalitat, por tanto, no solo va a tener implicaciones políticas de alcance nacional. También supondrá implicaciones económicas de la mayor relevancia. Veremos qué camino se toma.