La comentarista de la moral Victoria Camps no comprende que alguien "se escandalice" por el hecho de que el Comité Audiovisual de Cataluña (CAC) "dictamine qué es o no verdad". La autora de Virtudes públicas defiende como "una necesidad" la existencia de este órgano de control de la Libertad de Prensa, que justifica, entre otras razones, porque a los periodistas "les gusta poco autocontrolarse y les gusta poco que les controlen". "Que haya un órgano colegiado como el nuestro donde los distintos consejeros se ponen a discutir cuando hay duda sobre si una información es o no es veraz y que finalmente dictaminen sobre eso, no me parece que tenga que escandalizar a nadie", ha declarado.
Las opiniones de la señora Camps son un ejemplo palmario de que el estudio del Bien no predispone necesariamente a una política justa. Ni siquiera es garantía de dominio de la razón. La naturaleza del CAC es censora y autoritaria y, por lo tanto, lo más opuesto al ideal de democracia justa que esta eminencia de la moral laica y progresista dice perseguir. El CAC sanciona, concede y retira licencias, o patronea informes de estilo al servicio de los intereses de un poder político que lo ha creado y nombra a dedo a sus miembros, entre ellos la señora Camps. No es ningún tribunal de Justicia, pero esta consejera designada por el PSC pretende que sea más que éso, una especie de corte suprema con poder no sólo de juzgar las prácticas profesionales de la Prensa, sino de prescribir la verdad. No es ningún cuerpo de Policía, pero Victoria Camps celebra que ejerza un control político, superior a las leyes, sobre un colectivo al que considera incapaz de autocontrolarse.
En un sistema de libertades, el límite de la de Expresión lo fija la Ley. Por eso el CAC es innecesario, diga lo que diga la señora Camps. En un Estado de Derecho, son los jueces, y no un comité de comisarios, los que deciden si la Libertad de Expresión se ha extralimitado en alguna de las formas de responsabilidad civil o penal. Por eso el CAC es ilegal, diga lo que diga la señora Camps. En una democracia, el poder político es controlado por la Prensa, y no al revés. Por eso es inmoral, diga lo que diga la señora Camps.
Antes de autojustificarse en el cargo de poder que desempeña, la recopiladora de las ideas morales debería haber recordado que la Ley que regula el CAC está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional por indicios de ilegalidad y que instituciones profesionales independientes como el Comité Mundial sobre la Libertad de Prensa han condenado la existencia de esta Policía excepcional engendrada en la Cataluña del Tripartito social-nacionalista, pero replicada en otras comunidades; en algunos casos, como Andalucía, con el respaldo del PP.
Lo que escandaliza a cualquiera que aprecie la libertad no es la sola existencia del CAC como una de las manifestaciones más execrables de despotismo, o que esta genuina Policía de Prensa pretenda dictaminar sobre lo que es y lo que no es verdad. Lo que escandaliza es que a una profesora de Ética supuestamente comprometida con la verdad, todo esto le parezca bueno y razonable.
