Coinciden las declaraciones de Hernando, diputado nacional del PSOE, con las del político socialista Peces Barba a la hora de reducir a las víctimas del terrorismo a ser meros objetos de una alevosa compasión o, por el contrario, individuos susceptibles de ser perseguidos por el poder si no aceptan el estatuto de víctimas que les da el Gobierno. Hernando amenaza a las víctimas porque utilizan el dinero de los Presupuestos Generales del Estado para rehabilitarse, precisamente, en el espacio que se le había arrebatado: el espacio público. Tampoco entiende las exigencias ciudadanas de las víctimas Peces Barba, quien ha llegado a decir que sus demandas, genuinamente ciudadanas, le entraban por un oído y le salían por otro. Declaraciones impropias de alguien que pretende ser filósofo del derecho y de la política.
Ni uno ni otro consiguen entender que la víctima tiene que responder en el ámbito de acción en que se le ha ofendido. Quien ha sido víctima de una acción terrorista en la esfera pública, tendrá que recuperar ese espacio de ciudadanía o, por el contrario, le habrá vencido el terrorismo. ETA, en efecto, mata a ciudadanos españoles. El terror de ETA no se ejerce contra un individuo anónimo sino contra un ciudadano español, precisamente, por ser un hombre que se define en el espacio público español. Lo normal, pues, debería ser que la primera rehabilitación a la que aspira la víctima es la ciudadana, porque es lo primero que el terror trata de aniquilar. Entonces, ¿por que se escandalizan Hernando y Peces Barba porque las víctimas quieran rehabilitarse en el espacio público, o sea, como ciudadanos? ¿Por qué se extrañan de su participación en la vida pública?
Seguramente porque ellos ya se han entregado a las exigencias de ETA, no soportan que las víctimas quieran para sí los foros públicos, espacios comunes, donde ejercer como hombres libres que no se rinden a una panda de criminales. En este sentido, la acción de la Asociación de Víctimas del Terrorismo es ejemplar. Su rebelión cívica es antes que nada una contestación ciudadana contra quien les impide rehabilitarse en el ámbito público. Por desgracia, hay muchas víctimas que ya se han entregado a las pretensiones de ETA no sólo porque han renunciado al espacio público que les habían arrebatado, sino porque se someten a las mismas causas que los terroristas utilizaron para atentar contra ellos. Quizá sea el caso del diputado socialista Madina. Quien cree resuelto el asunto, de acuerdo con Peces Barba, a que la víctima sea indemnizada de acuerdo con una sentencia rigurosa.
¿Estaría de acuerdo Madina con el proceso de negociación con ETA del Gobierno, si su indemnización por haber sido víctima fuera rebajada, o mejor, pactada con los terroristas de tres millones de euros a trescientos?