A finales de 2004, López Aguilar escogió Madrid, Baleares, Canarias, Valencia y Málaga como los lugares donde la Fiscalía Anticorrupción debía ampliar sus actividades. Son zonas cuya principal relación entre sí es que no son gobernadas por el PSOE; en casi todas lo hace el PP, sin que nadie pueda asegurar seriamente que la corrupción es un fenómeno exclusivo de ellas. Así, la investigación de asuntos como el famoso 3%, las condonaciones de créditos de La Caixa al Tripartito o el hundimiento del Carmelo no parecen haber contado con la colaboración de esa Fiscalía creada por Felipe González para evitar que se escarbara en la corrupción oceánica que rebosaba en su propio partido.
Por lo que ha denunciado el inspector jefe de la Brigada de Delincuencia Económica, esta costumbre de mirar hacia otro lado también formó parte inseparable del caso Ciempozuelos. Ese ejemplo de "urbanismo decente" a lo socialista, según memorables palabras de Rafael Simancas, contó según denuncia de este policía con la colaboración inestimable de las autoridades españolas contra el blanqueo, que le ordenaron que no investigara el caso.
Es como para detenerse a pensar en ello. Desde que está el PSOE en el poder, tres policías han sido condenados por la detención ilegal de militantes del PP por el delito de estar cerca de un ministro aficionado a inventarse agresiones cuando le abuchean. Cuatro más están procesados por la falsificación de un informe del sumario del 11-M. Otros dos han sido ya imputados por mirar hacia otro lado cuando deberían haber investigado el caso de corrupción socialista de Ciempozuelos. Y aunque estando el caso en manos de Garzón, lo que parece garantizar que nadie sea procesado jamás, tampoco hay que olvidar el chivatazo a ETA, ese al que todo apunta que se hizo desde la misma sede del partido socialista. Y luego tendrán la cara dura de acusar a quienes quieren saber la verdad del 11-M de "poner en cuestión" a las instituciones.
Pero el caso Ciempozuelos parece que se complica por momentos para el partido socialista. Aún nos queda averiguar dónde fueron a parar los 39 millones de euros –cantidad seis veces mayor a lo condonado a Montilla– que no enviaron a Andorra el alcalde y su predecesor, pero que fueron pagados a cambio de una recalificación, esa fuente de corrupción que se produce por no tener un mercado de suelo liberalizado. Y ahora hasta el secretario de Estado de Economía, David Vegara, presidente del organismo que presuntamente exigió que no se investigara el caso, puede tener alguna responsabilidad. Un político que, además, fue apadrinado para su cargo actual por Miguel Sebastián, ese inmaculado candidato propuesto por Zapatero para responsabilizarse de las recalificaciones en la ciudad de Madrid si fuera elegido alcalde.
Seguramente será casualidad, pero hay que ver cómo florecen los casos de corrupción cuando es un presidente socialista quien se sienta en La Moncloa. Quizá sea porque haya quien confíe más en el silencio de las autoridades. De manera completamente injustificada, por supuesto.