Hace poco más de dos años, en los efluvios del estéril Fórum de las Culturas que se celebró en la Ciudad Condal, el entonces alcalde Joan Clos manifestó su voluntad de que Barcelona sirviese como sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Al poco, el aún ministro José Montilla se hizo eco de la ocurrencia y anunció formalmente el traslado de la institución. La maniobra, absurda e innecesaria, formaba parte, según parece, del programa electoral de Zapatero, en virtud del cual si éste ganaba las elecciones descentralizaría algunos organismos públicos para dar forma a otra de las ocurrencias vacías del gabinete, la de la España plural.
No es necesario remarcar lo superfluo de tal decisión, que se debió a factores cien por cien políticos ignorando aspectos esenciales como la reubicación de sus empleados o el hecho de que prácticamente todas las empresas del sector de las telecomunicaciones se encuentren en Madrid. Huelga decir que estas compañías tienen su sede en la capital por decisión propia, y no porque un burócrata les haya obligado a ello. Esto último, naturalmente, en las cortas entendederas de los capitostes socialistas no termina de entrar. De manera que, dado que la decisión de arrancar un consejo regulador que llevaba en Madrid toda la vida era una burda cacicada, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso en el Tribunal Supremo para que anulase tal desafuero perpetrado por una banda de políticos aficionados a rediseñarlo todo a su antojo, hasta la sede de organismos autónomos como la CMT.
Porque, y esto se ha procurado ocultar desde el Gobierno, la CMT, como tal, no estaba en Madrid porque fuese la capital de España, sino porque así lo había decidido haciendo uso de la autonomía que, por su naturaleza jurídica, le corresponde. Podría perfectamente haber estado radicada en Barcelona, en Zaragoza o en Valladolid, pero sus responsables consideraron que, dada la importancia que las empresas de telecomunicaciones tienen en Madrid, lo lógico era que la comisión de ese mercado estuviese junto a ellas. El entonces presidente de la CMT, Carlos Bustelo, ya advirtió de esto y de los problemas que el traslado podría ocasionar a los 150 empleados del organismo. Personal muy cualificado, en muchos casos con hijos en edad escolar, que, de llevarse a cabo la mudanza, abandonaría su trabajo.
Ni Montilla, ni Zapatero atendieron a razones y la CMT se trasladó hace cosa de un año a Barcelona. Una vez allí la polémica le ha acompañado pues, si la Comisión tenía en Madrid un edificio en propiedad, en Barcelona ha tenido que hacerse con nuevas oficinas en un área de la ciudad, la del Puerto Olímpico, donde tiene que desembolsar millón y medio de euros en concepto de alquiler que, por descontado, corren a cuenta del riñón de los contribuyentes.
Al final, el culebrón de la CMT ha terminado en el mismo sitio que otras necedades de la era Zapatero: en los tribunales. Tribunales que, una vez más, no le han dado la razón y han invalidado un traslado que fue una estupidez motivada por el engreimiento de este Gobierno, quien de verdad cree que el triunfo en las urnas le franquea el paso para perpetrar cualquier disparate. El principal hacedor del traslado, el infausto Montilla, puede ir deshaciendo la muesca y borrando de su propaganda catalanista la primera de las decisiones políticas destinadas a favorecer con el más absoluto y desvergonzado descaro a su ciudad de adopción. La OPA de Endesa no rueda por los raíles que el de Iznájar esperaba, el traslado de la CMT tampoco. No ha dado una.
