La decisión del Gobierno de subir los precios de la luz tiene un carácter ambivalente. La situación actual está condicionada por un auténtico dislate, y es que parte de la tarifa la fija el Gobierno en lugar del mercado. Como a los políticos les gusta vender duros a peseta, siempre que los duros no sean suyos, tienen una enorme tentación (en la que, digámoslo, les encanta caer) de presentarse como héroes ante la sociedad abaratando lo que toca su mano. Eso es lo que ha estado ocurriendo durante años en el mercado eléctrico español. Las compañías eléctricas, por su parte, iban contabilizando la diferencia entre los costes necesarios para proveer de la necesaria energía y lo efectivamente cobrado en lo que se llama déficit de tarifa, pagadero por el Estado; es decir, por el español de a pie al que se le ha engañado en la factura. Un engaño que en 2005 fue de más de 3.700 millones de euros.
El ministro Clos ha tenido la desfachatez de decir que sube la tarifa para que "los españoles tomen conciencia de lo que cuesta la energía". Es decir, que reconoce que hasta ahora nos engañaba a los españoles, ocultándonos el verdadero coste. Es más, dice la subida debería haber sido del 30 por ciento. Para que desaparezca el engaño, se supone. No tiene vergüenza.
Los precios son un mecanismo sutil y delicado, pero muy potente. Recogen la información sobre la escasez de bienes y servicios, y la transmiten eficazmente, de modo que todos, empresas y particulares, actúen de forma racional y coordinada. Si se toca, el mecanismo, en lugar de enriquecernos, crea desajustes y nos empobrece. Las empresas han de tener la libertad de fijar la tarifa que les permita competir en el mercado y a la vez les proporcione suficientes ingresos como para mantener la empresa funcionando y obtener beneficios por su actividad. Un sector con precios intervenidos es un sector enfermo. La subida de precios por parte del Gobierno podría ser sólo un primer paso hacia la cura, si una vez alcanzado el precio de mercado saca su mano muerta de él, para permitir una liberalización de la energía.
El problema es que este Gobierno jamás se permitirá una liberalización del mercado. Y la razón es el enorme poder que le otorga poder hacer y deshacer para conseguir sus objetivos políticos. Porque, ¿por qué sube ahora las tarifas el Gobierno? ¿Le ha entrado un inopinado ataque de conciencia y honradez, acaso fugaz y pasajero, pero efectivo? No. Las razones son muy otras, a buen seguro. Según ha revelado recientemente un libro sobre la colección de OPAs sobre Endesa, José Luis Rodríguez Zapatero le dijo a Ángela Merkel: "Endesa está adjudicada". A dedo, por él, a La Caixa, vía Gas Natural. Desde luego, no se puede acusar al Gobierno de descanso o desmayo en su pretensión de conseguir entregar Endesa a la caja o de negárselo a la alemana E.On, ya sea a costa de saltarse todas las leyes, cambiarlas a mitad del proceso, o causar vergüenza ajena en Europa.
Esta subida de tarifas se produce cuando Acciona ya se ha hecho con el 20 por ciento de las acciones de Endesa, compra que se hizo por tanto con la antigua tarifa, y cuando E.On todavía lucha por conseguir la compra de la eléctrica española, que ahora, con el resto de sus competidoras nacionales, tendrá un mayor aprecio por el mercado, ya que operará en condiciones mejores. Este feo asunto pone de manifiesto que cuando un mercado está intervenido y depende de las decisiones de los políticos y no del normal juego de la competencia, sometida a normas justas e iguales para todos, los perjudicados son los de siempre: los ciudadanos, como consumidores y accionistas. Y los que se benefician son los políticos y los grupos de interés que sean más eficaces a la hora de ganarse su voluntad.
