Los políticos que no tienen honor ni reputación son los que a menudo amenazan entablar juicio por calumnias e injurias para acobardar a los periodistas que osan criticarlos o investigarlos por corrupción o conducta inmoral. A pesar de la necesidad de estar informados, muchos creen que es legítimo restringir la libertad de prensa para evitar se dañe equivocada o malintencionadamente la dignidad de las personas. Se equivocan. Restringir la prensa protege la corrupción y los abusos de poder, no la reputación.
¿Qué es la reputación sino lo que otras personas piensan de alguien? El prestigio no es una característica privativa de una persona, como el ser alto o bajo. Tampoco es un título o un bien que le pertenezca. La reputación trata de cualidades que dependen de la estimación subjetiva que de una persona realizan los demás. A criterio de algunos, una persona puede ser decente y noble. En la valoración de otros o en otro momento, la misma persona puede resultar deshonesta e indigna.
¿Cómo puede existir un “derecho a la reputación” amparado por la ley, cuando es claro que la reputación depende de la apreciación subjetiva, actitudes y sentimientos de las personas, que no pueden forzarse y que cambian frecuentemente? Nadie es propietario de su reputación, como sí lo es de su persona o sus bienes. La reputación de una persona está en las mentes de otras personas, en las valoraciones subjetivas de las mismas. Todo lo que se hace o se dice afecta la reputación. El crítico de arte necesariamente afecta la notoriedad de una obra y su autor, al igual que sus ingresos, y no por eso se le entabla un juicio. Lo mismo ocurre con el cine, la televisión o cualquier forma de expresión.
Nada es más aborrecible que la calumnia. Es un acto inmoral que es repudiado por la gente. Pero la moral no puede imponerse. Es absurdo tratar de obligar a alguien, por ley, a tener una conducta moral, dado que la moral solo puede existir cuando el individuo es libre de elegir su camino. La inmoralidad pertenece al ámbito personal, no puede ser sancionada con multas o penas carcelarias, pues no constituye un hecho ilícito. Ser honesto o farsante es una decisión que depende de cada individuo. No se le puede obligar a ser digno. Por eso no se hacen leyes para tratar que la gente sea honorable y generosa, sino para protegerla de la agresión a sus personas o la invasión de sus bienes.
Es fácil defender la libertad de prensa cuando estamos de acuerdo con las publicaciones o cuando no nos afectan. Lo difícil es defenderla cuando son contrarias a nuestras convicciones o cuando nos calumnian y difaman. Pero la libertad de expresión para ser genuina debe ser absoluta e incluir la libertad de calumniar. El que calumnia y difama lo que hace es tratar de cambiar –perversamente– las ideas y valoraciones de las personas. Y la posibilidad de cambiar las ideas de las personas sin restricciones es en principio lo que defiende la libertad de expresión y de prensa.
¿Qué ocurriría si se derogaran las leyes de calumnias? En las últimas décadas algunos países han despenalizado o flexibilizado sus leyes prohibiendo a funcionarios, jueces, legisladores y personas públicas entablar juicios por calumnias, dado que los mismos aprovechan estas leyes para reprimir a los medios y ocultarse del escrutinio de la gente. En países pobres es peor, pues la corrupción se vale de estas leyes para amedrentar a periodistas y medios. El temor a la cárcel, a multas elevadas o costosos juicios les lleva a la autocensura.
Los pobres que no pueden solventar un juicio costoso ya no serán víctimas de calumnias. Y los periodistas y medios de escasos recursos tampoco tendrán que enfrentar las demandas de políticos mafiosos y opulentos. Se reducirán las calumnias dado que si es imposible entablar juicios ya no se piensa que si una persona denunciada por corrupción no enjuicia al denunciante es porque “hay algo de cierto”. Además, las acusaciones realizadas sin pruebas fehacientes y en medios pocos serios ya no tienen credibilidad alguna ante la opinión pública.
Los pueblos deben liberarse de las leyes de calumnias e injurias que solo aseguran la impunidad de gobernantes corruptos.
