De vez en cuando, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos toma una decisión que provoca la furia de la opinión pública, pero esa reacción normalmente se va desvaneciendo con el tiempo, principalmente porque no hay nada que se pueda hacer al respecto, ya sea cambiar la decisión o expulsar de la judicatura a quienes la tomaron. Esto ha encorajinado a muchos jueces federales de todos los niveles, que aprovechan sus nombramientos vitalicios para imponer sus propias opiniones personales en los fallos judiciales, llamándolas ley. Algunos incluso han echado sal en la herida racionalizando el activismo judicial o "uso alternativo del derecho".
En una entrevista reciente, el juez Stephen Breyer aseguró que las leyes no son "claras", de modo que los jueces están obligados a basar sus dictámenes en "los valores" que ven detrás de las leyes, en lugar de las palabras específicas con las que están escritas las mismas. La "falta de claridad" es una excusa muy vieja y la interpretación de "los valores" es un cheque en blanco.
La mayor parte de las decisiones del Tribunal Supremo que han enfurecido y polarizado al país no han involucrado leyes o hechos que no estuvieran "claros". Todo el mundo sabe lo que es el aborto y lo que es la pena de muerte. Todo el mundo sabe la diferencia entre el poder del Gobierno para expropiar propiedades privadas para "uso público" como construir un embalse o un puente, y permitir que los políticos roben impunemente las casas ajenas para entregar las propiedades donde están construidas a un tercero para que construya casinos, hoteles o centros comerciales.
¿"No son claras"? Incluso la ley más cristalina del mundo puede ser retorcida por abogados y jueces hábiles para que parezca poco clara, si eso es todo lo que hace falta para darles el poder de imponer sus propias opiniones por encima de la ley tal y como está escrita. Para quienes quieren ver a los jueces comportarse así, "la leyes no son claras" es una frase mágica tipo "ábrete sésamo", que en este caso lo que abre son las puertas a un poder judicial sin cortapisas.
Quienes emplean este estúpido argumento no es idiota, aunque es posible que nos considere a los demás lo bastante memos como para tragarnos sus bonitas palabras al precio de perder el derecho de la gente libre a gobernarse a través del proceso democrático.
Con mucha frecuencia, tanto los jueces testarudos como aquellos que los apoyan en los medios de comunicación y las universidades actúan como si estas élites tuvieran tanto el derecho como el deber de imponernos su conocimiento y su virtud superiores al resto de los mortales.
Muchos están indebidamente impresionados por su superioridad frente a otros dentro de una estrechísima banda dentro del gigantesco espectro de las inquietudes humanas. El saber mucho más que el ciudadano medio, al menos dentro de esa estrecha banda de conocimiento, les hace asumir que saben más que todos los demás millones de ciudadanos juntos sobre todo el conjunto de problemas involucrados en los casos sobre los que deciden.
Es la gran falacia de la ingeniería social. Sin duda, los planificadores centrales en los días de la Unión Soviética sabían más de economía que el ciudadano soviético medio. Pero nadie sabe lo suficiente como para fijar los veinticuatro millones de precios que los planificadores centrales tenían que fijar. Pero aún así, cientos de millones de ciudadanos ordinarios podrían haberse manejado con los veinticuatro millones de precios mucho mejor, porque cada individuo o empresa solamente tenía que tratar con unos pocos precios, los necesarios para su propia toma de decisiones.
En esto, como sucede en muchas otras situaciones en muchas otras sociedades, el conocimiento total de los muchos supera con creces al conocimiento especial de los pocos. Y eso es lo que hace tan importante limitar el poder del Estado, porque es virtualmente imposible limitar la arrogancia de funcionarios y altos cargos del mismo, ya pertenezcan al poder legislativo, ejecutivo o judicial.
En los Estados Unidos, esos límites son fijados por la Constitución. Pero esos límites han sido repetida y crecientemente soslayados por jueces activistas que afirman que las leyes "no son claras". Es un sofisma desvergonzado. Pero no van a detenerse hasta que los detengan. Y el único modo de detenerlos es empezar a expulsar de su cargo a esos jueces que pasan por encima de la ley.
Por supuesto que habrá muchos que protesten por la amenaza que supone a "una judicatura independiente". Pero no la judicatura no debería ser independiente de las leyes, que es la peligrosa situación que se da hoy en día.
