José Luis Rodríguez Zapatero ha cosechado un rotundo fracaso. La magnitud del mismo no se debe a que no haya logrado la paz, sino a todas las hipotecas sobre España que ha firmado alegremente. ETA le ha hecho caer de bruces, pero las hipotecas siguen devengando.
En un país normal, llámese Francia o Reino Unido, las cosas transcurrirían de forma bastante fluida: el primer ministro hubiera comparecido el sábado con la dimisión en la mano, diciendo: "Señores, nos hemos equivocado y mi gobierno dimite. Que los mecanismos previstos por la ley cubran cuanto antes el vacío de poder. Mi partido presentará inmediatamente un candidato elegido por el grupo parlamentario, y se someterá a voto de confianza. Si no la obtiene, habrá elecciones el día D del mes M". No importaría si esa gallarda actitud se debe a su iniciativa o a que ha recibido la visita de cabezas visibles de su grupo, o partido o ambos, para convencerle. El hecho es que se cierre rápidamente la incertidumbre política sobre el resto de la legislatura. Por pura lógica, el nuevo gobierno llamaría a la oposición para recomponer en su total vigencia el pacto antiterrorista, que es ley en vigor.
Pero esto es España: los partidos son cajas oscuras dominadas por la Secretaría; los grupos parlamentarios son cuerpos dóciles a las cúpulas partidistas. Y el pueblo, que debería exigir soluciones, gritará las consignas que les den esas correas de transmisión que son los medios. Así, sirva de ejemplo la consigna que ya ha dado el periódico afín: "Los interlocutores en ETA no representaban a la organización ni la controlaban. [...] Cuando llegue otra oportunidad para la paz, tendrán que ser otros, y otras las condiciones. Al final, tarde o temprano, tendrá que haber diálogo. Pero sobre bases diferentes" (sic). Es decir, habrá que cambiar algo en ETA, pero sobre el Gobierno no cae una mácula de responsabilidad. ¡Increíble!
Precisamente porque esto es España y se ha recorrido un camino de destrucción tremendo, prácticamente irreversible, no es fácil decir cuáles serían las alternativas. Si cada institución clave hubiera asumido alguna responsabilidad en evitar el desastre, todavía se podría pensar en una reconstrucción parcial del daño alcanzado. Pero aquí cada uno ha hecho dejación de su papel, desde la más alta magistratura hasta el parlamento, mientras la Constitución ha sido hecha trizas sin un pestañeo de sorpresa. Ha sido especialmente lamentable la acción de las comunidades autónomas, que podrían haber sentado una actitud común de enfriamiento de la locura.
Y ahora, aquí estamos: estancados; todo patas arriba; procesos legales y, no tan legales oficialmente en marcha. ¿Quién manda en España? Ante esta noticia, "Zapatero retrasó nueve horas su comparecencia para dar tiempo a que los mediadores suizos hablaran con Ternera", la respuesta lógica es siniestra.
