Si el tripartito catalán, hace poco más de un mes, aprobaba una "ley" que permitía la expropiación administrativa de "viviendas vacías", la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Inma Mayol, ha dado un paso más en ese disparate jurídico mostrándose favorable a despenalizar la ocupación ilegal de esos inmuebles y regularla por vía civil. Y es que la teniente de Alcalde –pareja del consejero de Interior, Joan Saura– no ve "tan grave" que los "okupas" puedan hacer lo que, según ella, es un "uso social" de espacios y de inmuebles que están "vacíos desde hace tiempo".
Si la expropiación de inmuebles desocupados ya es de por sí un atropello a la propiedad privada, que otorga a la administración una arbitraria potestad para fijar qué es y qué no es una "vivienda vacía", la delirante propuesta de la teniente de alcalde ni siquiera considera "tan grave" que eso mismo puedan decidirlo, por su cuenta y riesgo, los propios intrusos.
Ante la inseguridad jurídica y el clima de permisividad que la administración catalana no sólo no ataja sino que promueve, no hay que extrañarse de que la Asociación de Propietarios de Cataluña, ante este tipo de delincuencia, recomiende echar a los okupas "sin avisar a la policía". Hay ya algunos propietarios que aprovechan alguna salida de los intrusos para cambiar la cerradura de su vivienda. Otros propietarios, a la espera de esa oportunidad, tienen que seguir soportando que los "okupas" sigan haciendo uso del piso, aunque ya estén imputados por ocupación ilegal y usurpación de agua y luz.
La teniente de alcalde, sin embargo, seguro que no ve "tan grave" que esos okupas den un "uso social" a una vivienda, que, a la postre, no es la que ella comparte con el consejero del Interior.
