El Gobierno se ha declarado dispuesto a "leer con la máxima atención" la sentencia del Tribunal Supremo contra el entramado juvenil de ETA –conocido como Jarrai o Segi–, porque –señaló la vicepresidenta tras difundirse la noticia– "seguro que aporta elementos interesantes". Una respuesta de compromiso, tan hierática como su portavoz, a una incómoda decisión judicial que perturba seriamente el nuevo guión del diálogo con los terroristas previsto por José Luis Rodríguez Zapatero.
En su esquema estratégico, el principio de no agresión –al menos, hasta que las elecciones generales despejen el horizonte– es tan prioritario como neutralizar al PP y a las víctimas. El poder de Zapatero no resistiría, probablemente, otro atentado como el del 30-D. Aún no habían enterrado a Diego Estacio y Carlos Palate, y el presidente ya estaba jugándose el resto en la sórdida timba que comparte con los asesinos. Si antes toleraba a duras penas la oposición al diálogo, ahora empleará todo su poder en aplastarla.
Las víctimas de ETA y el PP le recuerdan la escandalosa verdad de su único programa político: perpetuarse a costa de la justicia de los muertos y la libertad de los vivos. Ahora es algo más que un clamor. Le siguen dos lápidas adondequiera que va, que nunca es a por los terroristas sino a su lado. Dos túmulos que desnudan, ahora sí, una desesperación por el poder que está machacando España. Lo último que necesita Zapatero en estos momentos son testigos de la gran impostura, de ahí la brutal campaña de erradicación que les espera a la AVT y el PP, símbolos del único testigo de una abyecta traición, entre masas que retozan y una Prensa que miente.
En cuanto a ETA, no sobreviviría a una política anti-terrorista dirigida, de nuevo, por un Gobierno del PP. Zapatero es su oportunidad –probablemente, la única que se le presente– de negociar sobre la autodeterminación o sobre la salida a la calle de asesinos en serie como De Juana Chaos –"un hombre por la paz", en definición del presidente–. Y ya que Zapatero es su mejor baza, ETA sabe que ha de convertirse en la mejor baza de la continuidad de Zapatero hasta consumar el reparto del poder y del territorio, una meta que hoy se perfila con más claridad que el 29 de diciembre. La dependencia y la lealtad mutuas se han convertido en una cuestión de supervivencia para ambos, sobre todo, desde el 30-D.
En esta escena de lealtades bajo un volcán, el golpe a Jarrai altera el precario equilibrio que sostiene a los conjurados, y lo hace de un modo mucho más peligroso que el bombazo contra el aeropuerto de Madrid-Barajas.
La respuesta del Estado a un atentado siempre está tasada. La del Gobierno de Zapatero al 30-D no ha podido ser más débil, de manera consecuente con su dependencia política respecto de los negociadores de la banda. En cambio, ¿cuál será la respuesta de los más radicales de ETA al encarcelamiento de sus cachorros? Desde la lógica del callejón sin salida en el que se halla el presidente del Gobierno, sólo la vista gorda de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la huida de los condenados de Jarrai que aún están en libertad puede desactivar este explosivo episodio.
No sería la primera vez –y, probablemente, no será la última: recuérdese el chivatazo policial no aclarado a los recaudadores de ETA– en que el Gobierno del PSOE pone al Estado a proteger a los terroristas, como otro Gobierno del PSOE lo puso en el pasado reciente a matarlos clandestinamente.
La oposición hará bien en velar por que se cumpla la sentencia del Supremo hasta el último día de la última de las condenas. Debe exigir que Jarrai sea incluida en el listado internacional de organizaciones terroristas, que se requise su patrimonio y que se apliquen todas las medias que el Estado de Derecho prevé contra una banda terrorista.
En esa línea, el PP acierta al tomar una iniciativa consecuente con esta sentencia: instar al Fiscal General del Estado, desde el Congreso, a que actúe contra la filial de ETA en el Parlamento Vasco. Si Jarrai es una organización terrorista para el Supremo, también debe serlo para el fiscal una organización que, entre otras muchas evidencias, se niega a condenar el último atentado mortal de ETA.
Los jueces independientes se han convertido en la última esperanza para derrotar el Mal. Los jueces, sí, pero también una oposición –no sólo el PP, también el movimiento civil de las víctimas y la minoritaria Prensa libre– que hoy se necesita más vigilante y activa que nunca, contra la negociación subterránea y el "cordón sanitario" a la mitad de la sociedad, que ya se han desplegado.
