La comisión negociadora de ETA-Batasuna ha propuesto la fusión de dos comunidades autónomas, siguiendo el mecanismo previsto por la Constitución. Y los socialistas de Zapatero han visto con disimulada satisfacción el acercamiento de los batasunos a "posiciones plenamente constitucionales".
Esto confirma dos cosas. Primera, que la negociación sigue, más allá del mero diálogo, con propuestas concretas que cabrían dentro de la ley. Segunda, que la organización territorial de la Constitución permite la disolución nacional.
El Título VIII de la Constitución ha levantado una organización territorial que se ha convertido en la principal fuente de inestabilidad política. La diferente relación del ciudadano con la Administración atendiendo exclusivamente a la expresión sentimental de su identidad nacionalista es una clara ruptura del principio de igualdad y, como se ha visto, del de solidaridad. La racionalidad política (por llamarla de alguna manera) no se ha guiado en algunas regiones por la eficacia en la prestación de los servicios públicos, siguiendo el constitucional principio de coordinación, sino por el acaparamiento de competencias. Esto ha ido acompañado de un discurso victimista, colmado de opresión, deudas históricas, comunidades imaginadas y reivindicaciones ineludibles. Y hemos asistido al parto tramoyista de naciones para no quedarse atrás en el reparto presupuestario.
El mecanismo de disolución nacional se está mostrando ahora más claro que nunca. El Estatuto de Cataluña ha entrado en vigor mientras se consideraban los recursos presentados por el PP. La mera consideración a trámite por el Tribunal Constitucional, o la perspectiva de la derogación total o parcial del Estatuto han bastado para que el PSC amenazara al Gobierno con su "derrocamiento" (sic). Por otro lado, el PNV, que se ha convertido en coprotagonista del proceso gracias al PSOE de Zapatero, confirma que la propuesta de ETA-Batasuna es la misma que ellos hicieron con el plan Ibarretxe.
Mientras, los zapateristas desvelan una de sus cartas en la negociación con ETA-Batasuna: la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución, que permite la unión del País Vasco y Navarra siempre que el Parlamento foral así lo decida por mayoría, y sea ratificado en referéndum por los ciudadanos navarros. Y en mayo tenemos elecciones.
El problema no está en el parto de micronaciones, en la elaboración de Estatutos a lo coreano o en la aparición de nuevas autonomías. La cuestión es que el Estado no da la sensación, hoy, de ser capaz de asegurar un nivel admisible de libertad justamente en aquellas autonomías que compiten con él, y es de presumir que menos aún si los planes de los nacionalistas se llevan a cabo.
La clave, por buscar algo de optimismo, está en que los socialistas y populares navarros se nieguen a la formación de una comunidad en la que no estaría garantizada la libertad, como no lo está en el País Vasco. Porque a pesar de que los "nuevos tiempos" que se avecinan tengan apariencia constitucional, no cumplen con el espíritu de la Constitución; es decir, que el ciudadano vea reconocidos y garantizados sus derechos con independencia, entre otras cosas, del lugar en el que viva. Porque la democracia no es el dictado de la mayoría, esto es, el cambio constante de la opinión pública, sino que, pese a esto, el individuo pueda vivir en libertad.
