Las quejas por falta de información respecto a la acogida de inmigrantes del buque "Marine I" que el Gobierno canario ha dirigido al Gobierno central conforman el más reciente pero no el más bochornoso capítulo de una crónica de descontrol, imprevisión, desprestigio internacional y desastrosa gestión que vuelve a dejar en evidencia la irresponsable política exterior y de inmigración de Zapatero.
Como recordarán los lectores, Mauritania, a pesar de ser el puerto más cercano y a pesar de los acuerdos que –se supone– mantenía con España, denegó el atraque del accidentado "Marine I", encontrado el pasado día 2 por el remolcador español "Luz del Mar" con casi 400 emigrantes a bordo.
Tras unas gestiones iniciales, el día 5 las autoridades mauritanas desmienten al Gobierno español, que ese mismo día había asegurado haber alcanzado ya un acuerdo. Mientras la situación sanitaria se degradaba en el barco fondeado, la diplomacia española trataba también de negociar con otros países como Senegal o Guinea-Conakry, con la misma sonrojante falta de resultados.
Ante la bochornosa esterilidad de las gestiones españolas, ACNUR –agencia de la ONU para los refugiados– urge a un acuerdo que permita el desembarco inmediato de los inmigrantes, que presentan cuadros de diarreas y problemas intestinales. Al día siguiente, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia que se ha logrado por fin un acuerdo que, en realidad, no se cierra hasta el día siguiente porque Mauritania exige a España nuevas cláusulas para firmarlo.
Después de haber accedido a conceder a Mauritania más de medio millón de euros, costear los vuelos de deportación de los extranjeros irregulares a bordo del barco, así como la "devolución", a través de España, de los irregulares asiáticos, el barco sigue fondeado dos días más, hasta que el pasado lunes sus ocupantes pueden desembarcar. Ese mismo día, y sin prever nada referente a su hospedaje, el Gobierno español envía un centenar de policías a Nuadibú que, sin comida ni alojamiento, tienen que dormir en un hangar, dentro de unos sacos tirados sobre cartones. El martes, nuestro Ministerio de Exteriores embarca en un avión militar a 35 subsaharianos con destino a Cabo Verde, sin acordar nada previamente con sus autoridades. El avión es rechazado y, tras hacer tiempo sobrevolando Mauritania, llega a su destino en un segundo intento.
Para colmo, el gobierno mauritano impide a los policías españoles el regreso a España, si no van con ellos un primer grupo de los inmigrantes, lo que les obliga a quedarse en el país africano 72 horas sin dormir y casi sin comer.
Si las quejas por falta de información del Gobierno canario deberían cerrar esta bochornosa crónica, la noticia de la llegada al sur de Tenerife de un cayuco con 43 subsaharianos a bordo, deja en evidencia que las consecuencias del "efecto llamada" de la irresponsable política de Caldera, la estéril y desprestigiada diplomacia de Moratinos o el descontrol de Rubalcaba nos auguran nuevos, sofocantes y trágicos capítulos.
