Uno de los principios básicos de la comunicación política o empresarial es dar a conocer un buen dato o una buena noticia para desviar la atención pública sobre una mala. Más o menos es lo que acaba de hacer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Departamento de Jesús Caldera acaba de decir que la pensión media en España se sitúa en 755 euros, un 5,1% superior a la cifra de hace un año, lo que revela que los pensionistas de nuestro país, poco a poco, van consiguiendo una prestación mejor que les permita vivir de forma más desahogada, por supuesto gracias a la preocupación del Gobierno por ello. Pero este dato aparece justo cuando se estaba hablando de otra cosa, de la ampliación a 20 años del periodo de cómputo de la pensión, lo que implicará una reducción de la misma del 4%.
¿En qué consiste esa ampliación? Se trata de tomar las cotizaciones de los últimos 20 años de vida activa del trabajador, en lugar de los últimos 15 como hasta ahora, para obtener el importe de la pensión a la que tiene derecho una persona en el momento de su jubilación. ¿Por qué se produce esa reducción? Porque cuantos más años hacia atrás vaya el cálculo, menores serán las cotizaciones, por basarse en sueldos más bajos y, por tanto, menor será la pensión resultante. Este es el problema que se trata de ocultar a la opinión pública con la cortina de humo del incremento de la pensión media.
Esta realidad de la que el Gobierno pretende que no se hable es la que revela la verdadera naturaleza de la política de Zapatero acerca de una cuestión tan importante como sensible, en términos económicos y sociales, como es la de las prestaciones de jubilación. Desde hace años se sabe que el actual sistema, por el cual las pensiones de hoy se financian con las cotizaciones sociales de hoy, es inviable en el largo plazo. Los expertos calculan que el superávit de hoy se transformará en déficit de aquí a diez años y que el sistema quebrará hacia 2030. Esto no es nuevo. Desde hace años, la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo vienen advirtiendo a la UE en general, y a España en particular, de la necesidad de reformar el sistema público de pensiones para evitar este desastre. Pero el Gobierno, lejos de hacerlo, ha seguido una política que, en el futuro, va a ocasionar muchos problemas.
En lugar de contener racionalmente el gasto en pensiones, lo que ha hecho el Ejecutivo ha sido aprobar medidas para subir las pensiones mínimas y las no contributivas que, con el tiempo, harán más difícil encontrar una solución al problema. Y, para compensar este incremento de los pagos del sistema, ahora han acudido a uno de los puntos del Pacto de Toledo, aquel que prevé la ampliación con el tiempo de los años de cómputo de la pensión. ¿Esto qué significa? Pues que las mejoras de unos se van a hacer con cargo a las prestaciones que van a recibir otros.
Para evitar la quiebra del sistema hay dos caminos. Por un lado, se puede actuar reduciendo los pagos y/o aumentando los ingresos. Pero esta vía es socialmente inaceptable. Además, si se opta por incrementar las cotizaciones de cada trabajador o las que realiza la empresa por las personas que tiene en su plantilla, se generará un incremento de los costes laborales que no permitirá a muchas empresas españolas sobrevivir en el competitivo mundo de la globalización. Y sin empresas que paguen salarios, no habrá ingresos para el sistema con que abonar las pensiones.
En consecuencia, lo lógico sería abandonar éste de forma paulatina y pasar a un sistema de capitalización, combinando inicialmente las aportaciones a la Seguridad Social con aportaciones a fondos y planes privados de pensiones e ir reduciendo, con el tiempo, las primeras para dar cada vez más peso a las segundas. Esta es la única forma de salvar el sistema.
El Gobierno, sin embargo, no solo se niega a transitar por esta vía sino que, cuando llegó el momento de abordar la reforma del IRPF, demostró que no quiere planes privados, esto es, aboga por menos libertad para los ciudadanos y más sistema público, o sea, más control por parte del Gobierno. En las discusiones previas a la reforma, el Ejecutivo quiso suprimir o reducir las deducciones por aportaciones a planes privados de pensiones, justo cuando éstas son del todo punto necesarias para evitar la quiebra del sistema y proporcionar a los españoles unos ingresos aceptables en el momento del retiro. Y no solo eso sino que, además, quiso aumentar la tributación de las rentas o el capital proporcionados por dichos fondos y planes de pensiones en el momento de su percepción. O sea, justo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Por supuesto, aquella política más sensata, aunque no perfecta, que empezó a ejecutar el PP respecto a los planes de pensiones de empresa ha caído en el olvido. Así nos va a ir en el futuro.
Esta es la política real del Gobierno de Zapatero en materia de pensiones, una política que hoy pretende vender sobre la base de la subida de la prestación media cuando, en realidad, está alimentando los problemas del futuro y la gravedad de los mismos. Habrá más gastos, se reducirán las pensiones y se ha intentado cerrar la vía a que los ciudadanos puedan beneficiarse de sistemas privados complementarios solo porque escapan al control de un Ejecutivo que hace mucha política, y compra muchos votos, con el poder de aprobar todos los años la subida de las pensiones.
