Las negativas consecuencias que puede acarrear el cierre de la factoría gaditana de Delphi, el fabricante de componentes de automoción, es un reflejo claro de los efectos que implica la carencia de una política industrial por parte del Gobierno de Zapatero. Desde que comenzó la legislatura, el Ministerio de Industria, primero con José Montilla y luego con Joan Clos, solo ha estado preocupado por entregar Endesa a Gas Natural, por cualquier medio y a precio de ganga, y, posteriormente, por evitar que la alemana E.On se quede con la eléctrica española. A raíz de todo ello, el Ejecutivo de Zapatero ha olvidado que en España existen otros sectores industriales, muchos de ellos de importancia, y ahora nos encontramos con que nadie sabe qué va a pasar con los 1.600 trabajadores de Delphi y los 2.500 empleos de empresas auxiliares que pueden perderse como consecuencia del cierre.
El automóvil es el principal sector industrial exportador de nuestro país, con un 12%, aproximadamente, del total de las ventas españolas en el exterior. La importancia del mismo para nuestra economía, por consiguiente, no es, ni mucho menos desdeñable. Sin embargo, este sector viene sufriendo desde hace años la presión de los países emergentes, capaces de competir con costes laborales sensiblemente inferiores a los españoles. En consecuencia, la amenaza de deslocalización de una industria cuyas grandes empresas son, esencialmente, extranjeras, pende desde hace tiempo sobre el sector como una espada de Damocles. Desde esta perspectiva, el anuncio de cierre de Delphi no debería constituir sorpresa alguna. A lo largo de los últimos años ya han tenido lugar acciones similares en otras localidades españolas, como la fábrica de Mai en Ávila, o se ha planteado esta posibilidad, por ejemplo, la planta de Audi Volkswagen en Martorell o algunas instalaciones de Nissan. En este sentido, el cierre de Delphi muy probablemente era inevitable, como consecuencia de la globalización. Pero la cuestión no es si Delphi u otras empresas de automoción cesan sus actividades en España o las reducen, sino qué alternativas existen para aquellas pequeñas compañías auxiliares que son proveedoras de las grandes multinacionales y para todas aquellas personas que, directa o indirectamente, ven su puesto de trabajo en peligro.
Esas empresas, esas personas, necesitaban y necesitan de algún tipo de respuesta por parte del Gobierno. Sin embargo, ésta no ha existido. Desde el Ministerio de Industria se ha hecho mucha política para favorecer y satisfacer intereses políticos catalanes pero muy poca a la hora de resolver los problemas del sector industrial del país. En este sentido, el caso de Delphi es sangrante. Los problemas que aquejan a la compañía son los mismos que sufre el sector español de la automoción desde hace años, pero desde Industria nadie se ha preocupado no tanto por resolverlos, porque probablemente no tienen solución, sino por promover y liderar alternativas que permitan mantener en España una base industrial moderna y competitiva y conservar los empleos que se están perdiendo o pueden perderse en el sector. La política industrial ha brillado por su ausencia, como si bastara para mantener el pulso económico con una construcción fuerte y un turismo que empieza a dar señales de agotamiento en su modelo.
El Gobierno de Zapatero, por tanto, tiene una cuota de responsabilidad en todo lo que está ocurriendo. Es cierto lo que dice la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respecto a que "no siempre es fácil equilibrar la libertad de empresa con el derecho de los trabajadores y de la Administración a que se respeten los acuerdos firmados". Pero es igualmente cierto que desde el Ejecutivo al que pertenece De la Vega tampoco se ha hecho nada para ir transformando la industria en ese sector avanzado, tecnificado y altamente competitivo que necesita nuestro país. Por el contrario, dejando aparte las iniciativas particulares de distintas compañías, desde el Gobierno no se ha hecho nada por fomentar la modernización de un sector tan básico como el industrial ni por buscar alternativas a las industrias tradicionales, incapaces de competir, sustituyéndolas por otras de alta tecnología y capaces de mantener empleos altamente remunerados. Lo que hay en estos momentos al respecto se debe bien a la iniciativa privada, bien al anterior Gobierno del PP, que supo cultivar adecuadamente las relaciones internacionales para traer a España esas empresas, como Microsoft o Boeing, que nos son tan necesarias. Por parte de este Gobierno, en cambio, solo ha habido conflictos con nuestros aliados tradicionales y una política industrial sectaria y corta de vista. Las consecuencias del cierre de Delphi constituyen, por desgracia, un ejemplo perfecto de las implicaciones de semejantes actitudes.
