El Tribunal Supremo, al amparo de la "Ley de impulso de la TV digital, liberalización de la TV por cable y fomento del pluralismo", acaba de dictar una sorprendente resolución por la que ya considera como ejecutada su anterior sentencia de 9 de junio de 2000, en la que exigía al Grupo Prisa algo que, desde entonces, el grupo de Polanco no ha hecho, como es deshacerse de las 79 emisoras propiedad de Antena 3 de Radio que, de manera ilegal, absorbió entre 1993 y 1994.
Si el Gobierno de Zapatero, con esta ley de junio de 2005, brindaba a Prisa la posibilidad de conservar y ampliar su privilegiada situación en el ámbito televisivo –lo cual ya era motivo más que suficiente para denominarla "Ley Polanco"–, también pretendía dar con ella un asidero para que sus aliados mediáticos no tuvieran ya que cumplir con una sentencia que desde hace siete años les ordena a restablecer un pluralismo en el ámbito radiofónico violado hace catorce.
Y es que esta nueva legislación, con la excusa de impulsar la televisión digital, incluía de rondón una modificación de la legislación vigente sobre radio, para que una misma persona, física o jurídica, pudiera controlar más del 50 por ciento de las concesiones radiofónicas en un mismo ámbito de cobertura.
Claro que, si el Gobierno de Zapatero con estas medidas legislativas ad hoc ha dado muestras de pleitesía a un grupo mediático al que, como el de Polanco, tanto tiene que agradecer y obedecer, la bochornosa historia del antenicidio, que arranca con el Gobierno de González, incluye también al de Aznar.
Si tan escandaloso como lógico resultó que el Gabinete de González hiciera oídos sordos a los dictámenes del Tribunal de Defensa de la Competencia y diera su visto bueno a esa bochornosa maniobra de Prisa contra su principal competidor radiofónico, nada, salvo los suicidas complejos de la derecha, explican que el Gobierno del PP no cumpliera e hiciera cumplir la posterior sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a Prisa a deshacerse de esas emisoras, cuya absorción había supuesto una violación del pluralismo informativo.
El Gobierno del PP, sin embargo, puso primero de excusa para no tomar cartas en el asunto que la sentencia había sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Cuando el Constitucional, en abril de 2001, ratificó la sentencia, el Gobierno tardó medio año más en darse por enterado, para, posteriormente, dar un plazo de dos meses más a Prisa para que comunicara su proyecto de desinversión al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Tribunal de Defensa de la Competencia, que lo recibieron en tiempo y forma.
Nuevas y bochornosas dilaciones por parte del Ejecutivo del PP y nuevos recursos de Prisa ante el Supremo y ante el Ministerio de Economía contra la resolución de Defensa de la Competencia hicieron que el Gobierno del PP encarara sus últimos meses de legislatura sin haber hecho cumplir la sentencia, a pesar de nuevos pronunciamientos del Supremo que denunciaron la complicidad del Gobierno con Prisa. Una complicidad que la empresa de Polanco pagó de forma por todos conocida, favoreciendo al partido de Zapatero que, una vez en el poder, sólo ha mostrado algo de prisa en impedir que esa sentencia llegara algún día a ejecutarse.
