Los plazos se van cumpliendo. El fracaso de la negociación entre los fabricantes de productos informáticos y las entidades de derechos de autor (léase SGAE), debido al apetito inmoderado de éstas últimas, ha dejado paso a una negociación entre los ministerios de Cultura e Industria. La SGAE exigía unos gravámenes que le pudieran reportar cerca de 1.200 millones de euros y los fabricantes hicieron notar que eso suponía que, en algunos casos, los consumidores tuvieran que pagar más por el canon que por el propio producto que estaban adquiriendo. Se rumorea que los ministerios pronto publicarán su dictamen y que, aunque lejos de lo que la misma SGAE exigía, seguramente para hacer el paripé de que "los ministerios nos han dado la espalda" decidan lo que decidan, será una cifra muy elevada que pronto notaremos en nuestras compras.
Vemos así una razón más por la que muchos nos declaramos liberales. El capitalismo ha logrado ofrecernos productos cada día más baratos. Los ordenadores ganan en potencia y disminuyen su precio todos los años. Los reproductores de MP3 aumentan constantemente su capacidad. Sin embargo, el Estado sucumbe ante la presión del lobby comandado por la SGAE, de modo que pronto veremos como el precio de todos estos aparatos sube espectacularmente en lugar de bajar.
El canon funciona bajo dos supuestos que deberíamos celebrar porque suponen que la bota del Estado aún no puede alcanzar hasta lo más íntimo de nuestras vidas. El primero es que ningún esfuerzo policial puede ni podrá impedir que se copien obras protegidas por derechos de autor sin disminuir gravemente nuestras libertades. De hecho, el mismo concepto de "derecho de copia privada" surgió en Alemania con la comercialización de los primeros aparatos de grabación domésticos, en vista de que no se podía evitar lo inevitable. El segundo supuesto es que tampoco es posible dilucidar en la mayoría de los casos quienes emplean los aparatos y soportes digitales para copiar música y películas y quienes lo hacen con otros fines. O, para ser exactos, cuándo cada uno de nosotros emplea un CD para copiar unas fotos que ha realizado él mismo y cuándo lo utiliza para grabar una película que se ha descargado de Internet.
En el debate liberal sobre ese asunto se han destacado tres posturas. La primera es la que considera que el acto de creación conlleva unos derechos de propiedad intelectual sobre las ideas más o menos equivalentes a la propiedad sobre objetos físicos, y que ha sido defendida por autores como Ayn Rand o Robert Nozick. La segunda, que aquí en España defiende Carlos Rodríguez Braun entre otros, considera que el derecho de propiedad tiene su fundamento en la escasez permanente que se da en el mundo físico, lo que también explicaría que existan bienes físicos libres, como el aire que respiramos, que al no ser escasos para nuestros fines no son propiedad de nadie. En el mundo de las ideas no existe escasez, puesto que la comunicación de una invención o una melodía permite que se ésta se multiplique en los cerebros de todos.
Con todo, y como siempre, puesto que las dos posturas basadas en derechos naturales no se ponen de acuerdo, ha sido la utilitarista la que se ha acabado imponiendo. Y ésta, aun reconociendo que no existe ningún "derecho" en juego, porque no lo hace nunca, considera apropiados mecanismos como los derechos de autor o las patentes por suponer un incentivo a la creación intelectual. En tal caso, estaríamos en otro terreno de juego, evaluando hasta qué punto incentiva el canon la creación de música y películas y si el precio que se ha de pagar merece la pena. Me parece indudable que la respuesta es un no rotundo. El canon no sirve para remunerar e incentivar a los artistas, sino para que la SGAE y sus acólitos realicen actos "en beneficio de los autores" de dudosa utilidad y extiendan su red de sedes por toda España. Y es que la SGAE, como la industria discográfica, utiliza los "derechos de los autores" como bandera para salvaguardar sus intereses particulares. Por otro lado, los precios que, según los rumores, están barajando Clos y Calvo (y los que se imponen ya sobre los CD y DVD vírgenes), son una exageración tal que provocarán un enorme florecimiento del mercado negro de productos informáticos y un coste brutal para empresas y particulares.
Visto lo visto, sólo resta exigir del PP que abandone salmonismos que no benefician al ciudadano y perjudican sus intereses electorales y adopte una postura clara en contra del canon. De un PSOE que tanto debe al lobby no cabe esperar nada. Pero de un PP que tiene todas las razones para odiarlo y perjudicarlo en la medida de sus posibilidades, cabría esperar otra cosa. Inteligencia, por ejemplo.
