Tras advertir que "no se ha escuchado a Zapatero condenar la nueva remesa de cartas de extorsión de ETA", el secretario general del PP, Ángel Acebes, se ha preguntado "con qué cara y fuerza moral le dice Zapatero a los empresarios que no cedan al chantaje de ETA, cuando él ha cedido al chantaje de De Juana".
Para condenar algo hay que empezar por reconocer la existencia de ese "algo" condenable. Y la verdad, por bochornosa que sea, es que el Gobierno del 14-M no es que reconozca, es que encubre –vuelve a encubrir, mejor dicho– la existencia misma de las cartas de extorsión de ETA, con la misma desfachatez con la que negó el chantaje etarra en el caso de Ignacio de Juana. De hecho, ha sido el propio Ministerio del Interior el que ha señalado este lunes "no tener constancia" de esas cartas de extorsión; unas cartas que los empresarios vascos han denunciado con todo detalle y que sus autores etarras ya justificaron en su día por razones de financiación.
No es la primera vez que el Gobierno de Zapatero encubre las cartas de extorsión etarras, pues ya lo hizo con las recibidas por los empresarios navarros poco tiempo después del comunicado de "alto el fuego". Un comunicado, por cierto, en sí mismo chantajista, pero que al Gobierno no le faltó ayuda para maquillarlo de "proceso de paz". Tampoco ese encubrimiento ha sido, este lunes, la única muestra de ese felón apaciguamiento colaboracionista con el que Zapatero quiso y quiere, desde el primer día, llegar a las próximas elecciones generales.
Y es que la disciplinada fiscalía del muy obediente Fiscal General del Estado se ha vuelto a alinear este lunes con los abogados defensores de Batasuna, para solicitar una nueva prórroga en el juicio contra el dirigente proetarra Arnaldo Otegui por apología del terrorismo.
Sabemos que para Conde Pumpido la "Justicia no debe ser obstáculo" para ese infame "proceso" que empezó antes del comunicado de "alto el fuego" y que se ha intensificado tras la criminal advertencia de ETA en Barajas. Sin embargo, la premura y la insistencia con la que la fiscalía vuelve a pedir una prórroga, tres días después de habérsela denegado el Tribunal, es el colmo del servilismo.
Ya va siendo hora que Arnaldo Otegi –ese "hombre de paz" según Rodríguez Zapatero–, responda ante la Justicia por los elogios que dedicó "a todos los gudaris que han caído en esta larga lucha por la independencia", durante el entierro de una etarra que murió en el verano de 2001 mientras manipulaba una bomba en un apartamento de Torrevieja.
Lo que está en juego con ese juicio a Otegi –a quien, desde luego, no cabe aplicarle el principio de non bis in idem–, ya no es el pésimo lugar en que, en cualquier caso, ya ha quedado Zapatero y sus elogios a este proetarra irredento. Es el revés judicial que la merecida condena supondría a los esfuerzos de Zapatero por no perder el favor y la esperanza de quienes, como los etarras, no están dispuestos a entregar las armas si no es a cambio de todo aquello por lo que las han utilizado. Lo que está en juego es la esperanza de ETA en los "compromisos adquiridos" por Zapatero y en su capacidad para que "ningún ordenamiento jurídico, ninguna ley y ninguna constitución sea obstáculo". Obstáculo para eso que tanto el Gobierno como los etarras maquillan como "proceso de paz".
