Si usted cree que el Gobierno necesita aumentar sus ingresos es porque no le ha hecho un seguimiento a lo que ha estado sucediendo con el que ya tiene o porque se deja llevar por políticos y comentaristas que piensan que el Estado nunca puede ser demasiado grande, siempre necesita más dinero e invariablemente lo utiliza mejor que los contribuyentes.
La realidad es que el gobierno gasta demasiado por Desperdicio, Fraude, Abuso y Mala administración (DFAM) y porque trata de llevar a cabo actividades innecesarias y cuestionables. Lo que aquí describo sólo tiene que ver con DFAM.
La prensa informó recientemente que las edificaciones del Gobierno federal consumen un 32% más de energía por metro cuadrado que el resto de las casas y edificios del país. Si el Estado fuera administrado eficientemente podría hacer lo mismo gastando dos terceras partes de lo que gasta.
Si usted cree que estoy exagerando, le doy un pequeño ejemplo: el nuevo presupuesto incluye un apartado bajo el título "Pagos incorrectos reducidos a 36.300 millones de dólares" y esto no incluye a todos los ministerios.
En agosto, Chris Edwards del Cato Institute informó que el promedio de sueldos y beneficios de los 1,8 millones de empleados civiles del gobierno federal es de 106.759 dólares al año, exactamente el doble del promedio ganado por quienes trabajan en el sector privado, que es de 53.289.
La razón es que ese dinero no tiene dolientes porque los políticos y burócratas usan el dinero de los demás y, dada la naturaleza monopolista del Estado, se rinden cuentas mucho menos que en el sector privado. Así, el presupuesto estimado para 2008 es de 2.900.000.000.000 dólares, tres veces más que el último presupuesto del presidente Reagan en 1988.
Luego de deducir los pagos de Seguridad Social e intereses sobre la deuda, el Gobierno federal gastará 7.000 dólares por cada hombre, mujer y niño que vive en Estados Unidos y aproximadamente una tercera parte de ese gasto será causado por desperdicio, fraude, abuso y mala administración.
Los 700.000 millones de dólares que se pierden en DFAM son apenas una parte del daño. Cada centavo que gasta el Estado se obtiene con impuestos o pidiendo prestado y ambas cosas tienen un efecto negativo sobre la economía, reduciendo las oportunidades de empleo, los salarios reales y aportando incentivos negativos a la actividad económica. Es decir, que ese coste reduce sustancialmente las oportunidades de empleo, los salarios y el aumento de la productividad. Es más, no habría déficit fiscal si el Gobierno operara durante el próximo año con los gastos que tuvo en 2006.
El Congreso y el presidente deberían insistir en auditorías que constataran la validez de todos los gastos y que toda decisión sea tomada cumpliendo con un estándar razonable de coste-beneficio, penalizando con despido y cárcel a los funcionarios que presenten certificaciones falsas.
Quienes exigen más dinero para el Estado, sin exigir primero que rinda cuentas, son personas irresponsables que ponen en peligro el bienestar económico de la nación entera.
