En el oeste del país, donde antaño solían jugar el ciervo y el antílope, solía imperar un espíritu de gobierno del tipo "déjanos en paz". Pero los gobiernos de los estados del oeste, lamentablemente, cada vez se parecen más al resto.
Considere si no el asunto menor, pero sintomático, de la agresión incitada por el gobierno por parte de los "diseñadores de interiores" contra los meros "decoradores" o contra otros compañeros de profesión a los que quieren rebajar de la categoría de decoradores. Algunos diseñadores piensan que los decoradores deberían ser una raza inferior a la que no debería proteger la ley.
Esas categorías tienen fronteras borrosas. Esencialmente, el diseñador de interiores crea todo un espacio, incluyendo en ocasiones aspectos estructurales; los decoradores tienen labores menos complicadas y más mundanas: combinar los colores, elegir el mobiliario, etc.
En Nuevo México, cualquiera puede trabajarcomo diseñador de interiores. Pero es una violación de la ley, punible con una multa de hasta 1.000 dólares y hasta un año de prisión, presentarte en Internet o en las Páginas Amarillas o, en general, llamarte "diseñador de interiores" sin estar certificado como tal. A favor de esta censura de la comunicación comercial sincera está un grupo privado que controla el acceso a esa titulación, utilizando un examen administrado por una entidad nacional privada.
Esto se hace en nombre de la "profesionalización", pero en realidad es un cartel. Aquellos que ya están en el negocio impiden que otros competidores puedan acceder en igualdad de condiciones al sector.
Poder controlar la cifra de competidores y poder decidir quién accede al privilegio de tu posición es sin duda algo muy beneficioso para quien pueda conseguirlo, y sólo se puede lograr si el legislativo está dispuesto a aprobar "leyes de titulación". Regulan –es decir, restringen– el uso de una descripción laboral. Tales leyes con frecuencia preceden a la imposición de una licencia de ocupación, que normalmente significa un proceso obligatorio de acreditación con el fin de controlar el acceso a la profesión mediante un título concreto.
En Nevada, ya ha llegado tal regulación. De modo que en Las Vegas, donde casi nada es ilegal, lo es cambiar de sitio, actuando como diseñador de interiores, cualquier mueble de más de 1,75 metros de altura, a menos que se tenga licencia o se sea empleado de alguien con licencia. Un burócrata de Nevada afirma que "la disposición del mobiliario" es un aspecto de la "planificación espacial" y por tanto está regulada, es decir, restringida a "un diseñador de interiores registrado".
¿Colocar muebles sin permiso? Que el cielo lo prohíba. Tales regulaciones vienen de la mano con el racionamiento gubernamental del derecho a practicar una profesión. ¿Quién se beneficia? Generar una escasez artificial de servicios eleva los precios de aquellos con derecho a prestar el servicio. La presión para que el Gobierno genere esa escasez artificial se intensifica porque la gente normal, esos malditos aficionados, está utilizando Internet para comprar las cosas de casa y asesorarse, pasando por encima de los diseñadores.
Lo que ha sucedido en Las Vegas no se quedará allí. Llegará hasta Arizona y hasta los demás estados donde no está ya implantado a menos que gente como Robert Lashua y Lynne Breyer tenga éxito en su combate contra la minoría de los diseñadores de interior de este estado que intentan levantar barreras al acceso a la profesión.
Lashua y Breyer cuentan con la ayuda de la sucursal de Arizona del Institute for Justice, un grupo de abogados liberales con muchos éxitos a la hora de resistir a tales "buscadores de rentas". Ese término se aplica a la práctica de utilizar el poder público para conferir una ventaja privada, generalmente hacer que el Gobierno imponga una restricción regulatoria a los competidores.
No es cierto que las empresas, por principios, quieran mantener a raya la regulación gubernamental. Los negocios tienen la necesidad metabólica de hacer dinero, tal y como debe ser. Pero cuando un Gobierno sumiso les da la oportunidad de utilizar la ley para mejorar sus ingresos, esa necesidad metabólica de las empresas será mucho más fuerte que cualquier principio que pueda tener sobre las virtudes de la libre empresa.
Los intereses comerciales piden regulaciones con el fin de obtener ventajas comerciales, como con las leyes de titulación. Tales leyes son casos de buscadores de rentas. Más allá de la banal motivación económica que tienen, también conllevan otro mal uso del Gobierno aún más extravagante, al aplacar la necesidad de estatus de ciertos grupos dándoles el prestigio que proviene del reconocimiento gubernamental a una profesión certificada.
Pero el Gobierno concede licencias a ciertas profesiones con el fin de proteger al público y garantizar la calidad. Concede títulos a ingenieros y médicos porque si sus habilidades evaluables son deficientes, los puentes se colapsan y los pacientes mueren. Las habilidades de los diseñadores de interior no son ni siquiera similarmente evaluables ni comparablemente desastrosas cuando son malas. Tal vez los diseñadores podrían mostrar a los clientes potenciales un portafolio de su trabajo y el Gobierno podría confiar el juicio a los clientes potenciales. Es sólo una idea.
Thomas Hobbes pensaba que las libertades "dependen del silencio de la ley". De los legisladores de aquí, y de los de todas partes, sería bienvenido un mayor silencio en la materia de títulos profesionales.
