Los progresistas, emperifollados con collares con el símbolo de la paz y pantalones de campana, han tenido otra brillante idea, tan novedosa y original como las demás modas de los años 70. Los senadores Ted Kennedy y Barbara Boxer y los congresistas Carolyn Maloney y Jerrold Nadler, progres todos de primera categoría, han solicitado al Congreso que mejore la Constitución añadiendo la Enmienda de Igualdad de la Mujer (WEA, por sus siglas en inglés) que, al igual que Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) antes que ella, reza: "La igualdad de derechos bajo la ley no será negada o menoscabada por los Estados Unidos o por cualquier estado por motivo de sexo".
Aunque fue presentada por primera vez en el Congreso en 1923, la ERA no llegó a ninguna parte hasta el 22 de marzo de 1972. Fue ese día cuando el Congreso la envió a los estados para ser ratificada o rechazada el 22 de marzo de 1979, los siete años estándar estipulados para garantizar que existe un consenso contemporáneo para cualquier cambio constitucional.
Hace 35 años, al igual que ahora, el argumento a favor de la enmienda era un refrito de ideas peculiares: era necesaria para "poner a la mujer en la Constitución" y para la expresiva función de "incrementar la conciencia de la nación". Marzo de 1972 fue un año después de que el Tribunal Supremo invocase la cláusula de protección paritaria de la Decimocuarta Enmienda al invalidar una ley que implicaba discriminación por razones de sexo. Y marzo de 1972 fue 10 meses antes de que el Tribunal Supremo dictase sentencia a favor del aborto en el caso "Roe contra Wade".
La total inclusión de la mujer en el régimen de derechos de Estados Unidos se logró en el siglo XX sin necesidad de aprobar la ERA, que no dejaba de ser una redundancia constitucional que no hubiera añadido nada a las garantías de protección paritaria de las leyes y el debido proceso judicial a todas las "personas". ¿Y qué individuo maduro piensa que la Constitución debería llenarse con minucias que supuestamente elevan la conciencia de nuestro país con la teoría de que, por alguna causa misteriosa, el clima social mejoraría tras su aprobación?
A partir de ese 22 de marzo de 1972, muchos legisladores estatales –hombres en su mayoría– actuaron como caballeros, en todos los sentidos de la palabra. Hawaii ratificó la Enmienda ese mismo día, en 32 minutos. Al día siguiente la ratificó Nebraska, pero tan apresuradamente que cometió errores y tuvo que repetir el proceso. Seis estados la ratificaron en la primera semana, veinte en cuestión de tres meses, la mayor parte sin debates.
Pero hacia 1977, la iniciativa se había estancado. 35 estados la habían ratificado, lo que hacía que faltaran tres para el requisito de las tres cuartas partes. De modo que los partidarios de la enmienda, una vez quedó patente en la propia propuesta su despreocupación por la Constitución, intentaron amañar el proceso de ratificación.
Solicitaron al Congreso que extendiese en tres años el tiempo permitido para la ratificación, pese a que las las diez primeras enmiendas (la Carta de Derechos) sólo necesitó 27 meses y ninguna enmienda aprobada desde entonces había necesitado ni siquiera cuatro años. Al hacerlo, el Congreso ignoró la moral constitucional de que una enmienda solamente debe aprobarse si un período de deliberaciones predeterminado da lugar a un consenso que (en palabras del Tribunal Supremo) sea "lo bastante contemporáneo" como para reflejar la voluntad de las tres cuartas partes de los estados "en relativamente el mismo periodo".
Los partidarios de la enmienda insistieron en que cualquier legislatura estatal que rechazase la ERA podía reconsiderar su voto, pero que cualquier ratificación, al margen de lo ajustada o apresurada que fuera, sería un acto sacramental que nunca podría ser reconsiderado. Bajo el Artículo V de la Constitución, leído apropiadamente, el Congreso es privado de todo poder sobre una enmienda una vez que es remitida a los estados. Pero cuando el Congreso extendió el periodo de ratificación, estipuló que la ERA pudiera ser considerada en lo sucesivo sólo por los estados que no la hubieran ratificado aún. Lo hicieron así porque tres estados habían rescindido sus ratificaciones, como harían después Kentucky y Carolina del Sur. De modo que al final la enmienda se quedó corta por ocho estados, no tres.
La mayor parte de los debates sobre proposiciones de enmendar la Constitución han girado en torno a si las enmiendas eran o no necesarias o si serían beneficiosas. La discusión sobre la ERA siempre se ha centrado en lo que podría significar. Por ejemplo, ¿prohibiría tratar a los dos sexos de manera distinta en los planes privados de pensiones y en seguros sanitarios debido a los datos actuariales sobre las diferencias relativas al sexo con respecto a los problemas de salud y la esperanza de vida? Presumiblemente, a lo largo del tiempo los jueces irían informando a la nación qué era exactamente lo que ésta había incorporado a la Constitución.
Todas las enmiendas terminan provocando pleitos, pero el propósito de la ERA era precisamente provocar esas demandas. Es un dispositivo diseñado para obligar a los tribunales a imponer políticas sociales cuyos partidarios no consiguen que el Legislativo promulgue. Los partidarios de la ERA –ahora WEA–, siendo políticamente unos vagos, prefieren el atajo judicial a la paciencia necesaria para aprobar leyes.
Si Kennedy y otros congresistas de mentalidad similar piensan que la condición de la mujer norteamericana necesita mejoras, deberían intentar legislar al respecto. En su lugar, prefieren esperar a que magistrados progres consideren las palabras de la ERA como una licencia para legislar desde el tribunal. Por lo tanto, el apoyo a esa enmienda deja bien clara la falta de confianza de sus partidarios en su capacidad para persuadir a la opinión pública de la bondad de sus iniciativas políticas.