Que los nacionalismos son una de las principales amenazas a la libertad en España es ya lugar común. Que, como reacción, España y libertad se corresponden como pocas veces en nuestra atormentada historia, comienza a serlo. Lo que no parece tan obvio es que, en nombre de la libertad de los españoles, lo que más nos convenga sea una descentralización política. Y si aún no resulta obvio es sólo porque se suman varios malentendidos que llevan todo este debate por donde no debiera.
Los nacionalistas substituyen la palabra España por la de "Estado", acaso como ejercicio de "memoria histórica", ya que era una forma en que al régimen de Franco gustaba referirse a nuestra nación. "Estado". Qué duda cabe que forma parte de España, pero no es ni de lejos lo más importante. De hecho lo único que importa son los españoles y su sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo. Y con ellos, las instituciones que han recibido y que son fruto del avatar histórico de otros que también se sentían parte integrante de la misma realidad histórica, que también lo es social. España es eso. No es ni la Renfe ni el Ministerio de Educación.
Los nacionalistas construyen un discurso colectivista, con un alma totalitaria, construyendo una historia y una mitología plañidera con un único objetivo: el poder; el poder absoluto. Y utilizan el armazón nostálgico nacionalista (mucho decir sería que es ideológico) para saciar ese deseo y para engañar a los ciudadanos. Se les dice que quitan el poder al gobierno central, cuando los robados en realidad son ellos. Así las cosas, ¿no debiéramos replantearnos esta descentralización? ¿No sería buena idea echar marcha atrás?
Yo no lo creo. Antes al contrario lo conveniente sería dejar para el Estado central poco más que aquello que represente al país y lo defienda: la Corona, las relaciones exteriores, la defensa... Todo lo que sea posible ha de cederse a las comunidades autónomas o, mejor aún, a los ayuntamientos. Lejos de aumentar el poder de los nacionalistas, lo que tendría lugar es una competencia institucional entre regiones españolas que daría al traste con sus pretensiones más totalitarias.
La decisión política de Esperanza Aguirre de reducir o eliminar los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones ha llevado incluso al tripartito a seguir el mismo camino. ¿Adivinan a quién acudieron para evitar tener que tomar esa medida? Al Estado central, como me hizo ver recientemente Manuel Llamas. Como las competencias estaban cedidas y el Estado central no pudo acudir en su ayuda, al final tuvieron que ceder. Los españoles de todos los sitios, si ven que la presión que ejerce su gobierno regional es muy asfixiante, huirán a otras regiones españolas a trabajar o implantarán allí sus negocios e invertirán allí sus capitales.
Una España descentralizada no dejará de serlo, por el simple hecho de que su ser no desaparece con el Estado central. Dejemos ese error a los mismos nacionalistas, a quienes llaman "Estado" a España. España es una realidad bimilenaria reconocida y querida por los españoles. Pero esa España descentralizada permitirá que las regiones que más apuesten por la libertad de los suyos sean el freno más eficaz a la voluntad totalitaria de los nacionalismos. Y el partido nacional más favorable a la libertad de los españoles, el Partido Popular, es quien debe liderar ese esfuerzo de descentralización administrativa. No deja de ser significativo que sea la presidenta más reformista del PP, Esperanza Aguirre, quien recupere la idea de que su partido necesita recuperar el diálogo con los nacionalistas. Espero que el PP siga por ese camino.
