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EDITORIAL

La subvención no es un derecho

Los agricultores pretenden que los contribuyentes abonen el precio de su pérdida de competitividad. No están solos en sus exigencias, pues al fin y a la postre es lo que acaban pidiendo todos los grupos de presión, algunos con más éxito que otros.

Los agricultores han vuelto a manifestarse para reclamar que los poderes públicos accedan a sus pretensiones de vivir del presupuesto. Según afirman, sin el dinero del Estado van camino de la "ruina total". Se quejan del aumento de los factores de producción, sin que el precio final de su producto haya crecido en la misma medida; en algunos casos ha bajado. Protestan porque la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que cobran ellos es excesiva. Piden que se frenen las "importaciones sin control".

En ninguna de estas pretensiones tiene la razón de su parte. Una actividad empresarial de cualquier tipo que ve crecer sus gastos y disminuir sus ingresos tiene varias salidas: cambiar el proceso productivo de modo que se reduzcan los costes, ofrecer un valor añadido en su producto que permita aumentar el precio o echar el cierre. Los agricultores pretenden añadir una más: que los contribuyentes abonen la diferencia. No están solos en sus exigencias, pues al fin y a la postre es lo que acaban pidiendo todos los grupos de presión, algunos con más éxito que otros. Para desgracia de los trabajadores del campo, parece que la SGAE tiene más influencia que ellos en el Ejecutivo.

Tampoco tiene razón de ser las protestas por recibir, por más que lleguen. Una naranja en el campo no es de ninguna utilidad al consumidor, pues para poder comerla o exprimirla para zumo tendría que desplazarse, por ejemplo, a la comunidad valenciana y volver luego a su hogar con la naranja. Lo que le es útil es la naranja que puede comprar en el supermercado de la esquina. Para que llegue allí hay un montón de trabajadores (transportistas, comerciantes, etc.) que también han de ser remunerados. ¿Cuánto? Lo que dicta la oferta y la demanda, porque si se considera que la proporción es injusta y que hay un sector que se está llevando de más, existe una gran oportunidad de negocio entrando en ese campo a competir con mejores precios.

Sí tienen razón de ser las protestas contra las leyes del suelo y del agua, que imponen restricciones injustas y artificiales al librecambio de ambos. Pero será difícil lograr que los socialistas de todos los partidos dejen a la sociedad un ámbito sobre el que tienen el poder.

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