Con la salida de tono zapateril respecto al caladero canario-saharaui y, por extensión, al conflicto del Sahara en general, se ha demostrado que el Gobierno español ni defiende los intereses de España en el exterior ni se involucra en las causas que son verdaderamente justas. Que le pregunten, si no, a los cubanos.
Si estratégicamente es un error olvidarse de los saharauis para hacerle un favor a Marruecos –un país pobre con deseos de grandeza–, en el plano moral es en el que más responsabilidad tiene España, que en la práctica entregó el Sáhara Occidental a Marruecos (y a Mauritania) como potencia administradora en los acuerdos de Madrid de 1975. Abandonó así España al único pueblo musulmán que habla español, un pueblo que actualmente malvive en campamentos de refugiados en el sur de Argelia, en condiciones infrahumanas, y al que un muro de más de 2.000 kilómetros de longitud y un ejército de ocupación le impide volver a su tierra.
No debemos olvidar que existe una ocupación ilegal del 80% de lo que era el antiguo Sáhara español. La mayor parte de la población saharui, que malvive en el resto de ese territorio y en zona argelina, se ha cansado de esperar un referéndum de autodeterminación que nunca termina de llevarse a cabo. Y más ahora en que la previsible propuesta marroquí de otorgar cierta autonomía para el Sáhara dentro del Reino de Marruecos, pero nunca su independencia, ha sido aceptada por el Gobierno Zapatero.
La misma ONU que Zapatero tanto asegura reverenciar ha mantenido que es necesario un referéndum de autodeterminación desde la Resolución 3458 B de 10 de diciembre de 1975. Los acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975, firmados entre España, Marruecos y Mauritania, dieron lugar a que una entidad tripartita compuesta de Marruecos, Mauritania y la Yemáa –el Parlamento saharaui, creado en 1967– se encargara de la administración temporal del Sáhara Occidental. Es decir, legalmente nunca se entregó la soberanía al país alauí.
En aquel entonces, la mayoría de la Yemáa se mantuvo firme en las tesis independentistas, entendiendo que era innecesario imponer una situación provisional. El tiempo se ha encargado de darle la razón, pues sólo ha servido para que Marruecos extendiera su dominio a todo el territorio del antiguo Sáhara español. Pero en cualquier caso la ONU, de forma invariable, ha mantenido la idea del referéndum para el Sáhara, en donde el pueblo saharaui –no los residentes en la actualidad en la zona ocupada, sino aquellos originarios del Sáhara, según el censo español de 1974 y el de la ONU de 1999– decida libremente sobre su futuro.
