Justo antes de que el fiscal general del estado de Carolina del Norte compareciera en televisión para anunciar su decisión sobre el caso de "violación" de la Universidad de Duke, uno de los muchos comentaristas televisivos expertos en leyes dijo que Roy Cooper probablemente cerraría el caso en base a que no había "pruebas insuficientes", pero que no emplearía la palabra "inocente". Sin embargo, el Fiscal General lo hizo, afirmando que tanto él como su personal consideraban inocentes a los estudiantes acusados. Era la única cosa decente que podía hacerse. De no haber hablado con tanta claridad, la repugnante acusación les habría perseguido de por vida y dentro de unos años, cuando todos los detalles de esta sórdida historia se hayan olvidado, pendería sobre sus cabezas la sospecha de que se libraron por algún tecnicismo legal.
Hay que ver la diferencia que puede suponer un año. En abril de 2006 se notaba en el aire las ganas de linchar a los estudiantes acusados, promovido por la Universidad de Duke, los medios nacionales e incluso el capítulo local de la NAACP y el omnipresente Jesse Jackson. En un lado había tres estudiantes blancos con dinero y del otro una mujer negra pobre acusándoles de violación. Para aquellos que se siente imbuidos de la nueva santísima trinidad de "raza, clase y género" no era necesario saber más para tener claro de parte de quien estaban.
La Universidad de Duke expulsó a los estudiantes al presentarse cargos, canceló todos los partidos que le quedaban por jugar al equipo de lacrosse en el que jugaban y se deshizo del entrenador. Un antiguo rector de la Universidad de Princeton, William Bowen, crítico con el deporte universitario, y el director de la sede local de la NAACP fueron invitados a presentar al público un informe que denunciaba que Duke no había actuado con la suficiente rapidez.
Mientras tanto, 88 profesores de Duke pagaron un anuncio en el periódico del campus denunciando el racismo. Entre otras cosas, decían que "salta a la vista la indignación y el miedo de muchos estudiantes que se saben objeto del racismo y el sexismo". En cuanto a las manifestaciones y las amenazas proferidas en público por parte de algunos negros de la ciudad Durham, donde se encuentra la universidad, como consecuencia de las acusaciones contra los estudiantes del lacrosse de Duke, el anuncio decía:
Salimos a la palestra en un momento en el que se le pide a los más vulnerables de entre nosotros que se callen mientras nosotros esperamos. A los estudiantes que protestan individualmente y a los manifestantes que lo hacen en grupo, gracias por no esperar y por haceros escuchar.
Un año más tarde, después de que todos los cargos se hayan colapsado como un castillo de naipes, aquellos que tomaron parte en el linchamiento –incluyendo al rector de la Universidad de Duke, Richard H. Brodhead– se está retractando rápidamente, intentando lavarse las manos como Poncio Pilatos. Niegan haber dicho alguna vez que los estudiantes fueran culpables. Por supuesto que no lo hicieron. Simplemente actuaron como si lo dieran por sentado, mientras dejaban preparada una escotilla de salvamento por si acaso. Ya es bastante malo formar parte de un linchamiento. Es peor negarlo mientras se sostiene la cuerda.
Aún más importante que limpiar el nombre de estos tres jóvenes acusados de un delito atroz es asegurarse de que el hombre responsable de esta aberración de la justicia, el fiscal del distrito Michael Nifong, pague por lo que hizo. El colegio de abogados del estado que investiga a Nifong debe entender que este caso tiene una importancia que desborda las posibles consecuencias que deba afrontar Nifong.
Si permitimos que los fiscales puedan arrastrar a la gente por el barro manteniendo los cargos pendiendo sobre sus cabezas mucho tiempo después de que todas las pruebas los señalen como inocentes, entonces cualquiera, en cualquier parte, puede ser obligado a atravesar un infierno en vida para satisfacer el capricho o la agenda política de un fiscal de distrito. Se le sacó mucho partido al hecho de que estos estudiantes de Duke procedieran de familias con recursos. Pues fue una suerte para ellos y para todos nosotros. No todo el mundo tiene un millón de dólares extra para dedicarlo a combatir falsas acusaciones. Su lucha es nuestra lucha.
Al final, este caso enviará un mensaje a los fiscales a lo largo y ancho de este país, quienes al recibirlo sabrán si pueden o no arrastrar al infierno a inocentes sin tener ninguna evidencia contra ellos y, de hecho, teniendo pruebas de lo contrario. Ya ha enviado otro sobre la clase de idiotas sin agallas que pululan por nuestros campus universitarios, incluso en los más prestigiosos.
