El Estado contemporáneo actual se encuentra caracterizado por un indudable crecimiento y ampliación del poder político, puesto que la esfera de intervención pública se ha expandido de forma exponencial a poco que lo comparemos con las funciones encomendadas al Estado liberal moderno (laissez-faire) e, incluso, en relación con los regímenes monárquicos absolutistas.
Bertrand de Jouvenel señaló ya hacia 1945 que la instauración de la democracia moderna incrementó de modo exponencial los dos recursos y símbolos centrales del poder en el Estado-nación, los recursos militares y los fiscales, debido a una particular relación causalmente asociada.
En democracia se produce paulatinamente la extensión del derecho de sufragio a toda la ciudadanía, mientras entran en escena tanto los partidos de masas como diversos movimientos sociales tendentes a reclamar una mayor participación y mayores cuotas de igualdad material. Esto produce una expansión significativa del papel del Estado en la sociedad civil, con el objetivo de llevar a cabo su cumplimiento e implementación. Además, y a diferencia de la monarquía, en un Estado democrático el soberano ya no es el antiguo señorial de corte aristocrático y claramente diferenciado del resto, sino de carácter popular. Tal cambio, en cuanto al sujeto soberano, resulta trascendental, puesto que facilitó enormemente la disposición y aceptación general de políticas y decisiones que respondían a las nuevas necesidades estatales.
Sin embargo, el Estado no crece sólo como respuesta desinteresada a las demandas de la sociedad, sino también por la dinámica de unas burocracias dispuestas siempre a extender su particular ámbito de competencias. La administración, por el hecho de no estar sometida a la implacable vigilancia del mercado, se vuelve lenta, poco ágil, ineficiente y, por tanto, excesivamente costosa. Además, si se acepta el axioma apriorístico consistente en que el ser humano es egoísta por naturaleza, no habrá dificultad en reconocer entonces como un hecho autoevidente que los políticos utilizarán instintivamente el poder en beneficio propio.
A fin de constatar de modo fehaciente la hegemonía y preeminencia del poder político estatal, tan sólo se precisa centrar nuestra atención sobre el retroceso que el pleno ejercicio de los derechos individuales ha experimentado en el último siglo. El concepto mismo de libertad ha sido objeto de un evidente cambio interpretativo, pues frente a los derechos naturales de vida, libertad y propiedad, se contraponen ahora los recursos estatales referidos a la enorme capacidad de guerra, legislación y fiscalidad, cuyo desarrollo y preeminencia trae como consecuencia lógica la limitación y reducción de los primeros.
Finalmente, cabe señalar el particular fenómeno en torno a la crisis del Estado-nación como consecuencia de la progresiva cesión de competencias en favor de la conformación y configuración de superestructuras estatales. Tal proceso parece indicar que el único medio de asegurar la existencia humana sobre la base de la hegemonía estatal consiste en formar un Estado mundial. La creación de una superestructura de tal tamaño y entidad no puede hacer otra cosa que continuar el progresivo e imparable avance a favor de la concentración de poder, que tendría dos efectos: en primer lugar, una mayor autonomía, autoridad y potestad por parte de la elite política supraestatal gobernante (véase la Unión Europea); pero, por otro, y de modo paralelo, una tendencia contraria en el sentido de transferencia hacia abajo en la forma de un paulatino proceso de descentralización política y administrativa.
Es evidente que, en función de cuál sea el movimiento que salga victorioso de esta pugna política contrapuesta, ello acabará por determinar una nueva dinámica que transformará de modo sustancial las bases, prácticas y fundamentos del sistema político vigente a lo largo del siglo XXI.
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