La artificial restricción política de suelo urbanizable que, desde tiempos de Franco, padece nuestro país ha sido un factor determinante tanto en el encarecimiento del suelo como en los casos de corrupción que de manera estructural padece buena parte del urbanismo español. No se trata tan sólo de que muchos responsables políticos hayan utilizado la potestad discrecional de la que gozan para recalificar el suelo para su lucro personal o para rellenar las arcas de su partido, es que son los propios ayuntamientos los que han encontrado en esa potestad discrecional y arbitraria una ilegitima aunque recurrente vía para su financiación.
En lugar de una legislación que amparase en este terreno el derecho de propiedad y la libertad empresarial, fijando como excepción aquellos terrenos que por razones paisajísticas y medioambientales deben tener claras restricciones a su edificabilidad, el gobierno insiste y da una vuelta de rosca al asfixiante y corrompible intervencionismo público que, lejos de respetar los derechos de propiedad, los convierte en permisos que se han de obtener o "comprar" a la administración. Claro que de la libertad no se cobra y de los permisos sí, así que Zapatero no sólo va a mantener este corruptor y liberticida statu quo sino que lo va a agravar en el área de las expropiaciones y de la regulación.
Así, en la nueva ley del suelo, que Zapatero ha defendido personalmente este jueves en el Congreso, no sólo se aplica un criterio arbitrario y casi confiscador de las indemnizaciones en los casos de expropiación, sino que se impone la obligación de dedicar un 30% del suelo residencial para la construcción de la llamada vivienda protegida, además de aumentar el impuesto del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria.
Al margen de las posibilidades de fraude y las restricciones que ofrece la vivienda "protegida", lo cierto es que la administración pública no llega a compensar con su promoción el encarecimiento que sufre la vivienda por culpa de su intervencionismo y voracidad fiscal.
Aunque Zapatero supla con la demagogia su ignorancia sobre los aspectos más básicos de la economía, lo cierto es que este liberticida mandato sobre el suelo, lejos de erradicar la corrupción, la va a elevar a rango de ley.
