Hay dos formas bien distintas de entender las políticas públicas. Para muchos estudiosos éstas consisten en permitir el florecimiento de las actividades humanas de modo que los ciudadanos puedan resolver sus problemas. Esta primera opción requiere que el legislador entienda, como mínimo, las leyes naturales de la economía contra las que es inútil regular. Para la inmensa mayoría de los políticos, sin embargo, las políticas públicas de cualquier área consisten en plasmar su idea del mundo y toda clase de deseos personales en un mandato coactivo para toda la sociedad. Según esta segunda forma de ver las cosas la realidad tendrá que adaptarse a los designios planificadores so pena de multas y cárceles.
Un buen ejemplo de esta última forma de entender la acción legislativa y de gobierno es la nueva Ley del Suelo. El presidente y la ministra del ramo piensan que basta con decir en una ley que se ofrecerán viviendas dignas para todo el mundo para que así sea. Esto, por cierto, es lo que pensaban desde Ceaucescu hasta Mao pasando por los líderes de la Plaza Roja acerca de los más diversos asuntos económicos. Tan convencidos estaban de ello que lo aplicaron a todo y contra todos. Desde la alimentación hasta el urbanismo, todo era mortífera coacción "bienintencionada". En el caso del intervencionismo alimenticio para garantizar comida digna a todo el mundo, la combinación de colas, escasez y pésima calidad de la comida que ofrecían a sus ciudadanos sigue siendo una marca característica del sistema que preconizaban estos totalitarios. En el caso del urbanismo, las preciosas ciudades soviéticas con familias hacinadas en cajas de cerillas son toda una muestra de lo que es capaz la ingeniería social(ista).
Volviendo a la nueva Ley del Suelo, Zapatero cree que porque se obligue a establecer una reserva mínima del 30% del suelo residencial para viviendas sujetas a algún régimen de protección todo el mundo tendrá una vivienda digna. Lo cierto es que el efecto de esta medida será restar oferta de vivienda libre y, consecuentemente, que sea más cara de lo que podría haber sido. No hay que olvidar que la gran mayoría de los ciudadanos accede a la vivienda comprándola en el mercado, no siendo agraciados por la lotería estatal. Si a esta medida le sumamos la elevación (del 10% al 20% de máximo) del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria, sólo cabe esperar más presión al alza en el precio de la vivienda. Esto, me temo, tiene poco que ver con garantizar una vivienda digna a todo el mundo. Si es que no aprenden; en los países comunistas la comida digna llegó a todo el mundo con los supermercados privados y aquí sólo habrá vivienda digna para todo el mundo con una liberalización del suelo que ningún político parece dispuesto a defender.
Las viviendas dignas para todos –y no sólo para quien le toca la lotería– llegarán el día en el que los políticos levanten la losa de hormigón planificadora que han puesto sobre nuestros hombros. Pero en el horizonte no se ven más que hormigoneras políticas que mezclan una amalgama de planificación central, racionamiento y expropiaciones, homogeneizados siempre gracias a una pasta de populismo barato. El Partido Popular no sólo no se escapa a esta forma de hacer política sino que la promueve con premeditación y alevosía: el uso del agente urbanizador en la Comunidad Valenciana es de sobra conocido. Ahora hasta su dirigente más liberal, Esperanza Aguirre, ha caído en la tentación intervencionista al proponer la limitación, por ley, de la densidad de edificación en zonas residenciales a tres plantas más ático. Estamos rodeados de escombros socialistas con los que los políticos de todos los partidos pretenden construir un urbanismo contra la voluntad del individuo.
