¿Qué problema se supone que soluciona la ley de inmigración que se tramita en el Congreso? ¿El problema del país con sus peligrosamente porosas fronteras? ¿El problema de los inmigrantes ilegales? ¿O quizá el problema de los políticos?
A lo largo de estos años ha quedado dolorosamente claro que el nivel de prioridad más bajo lo tienen los problemas del país con unas fronteras inseguras y unas avalanchas de ilegales que se quedan como una parte extranjera, y creciente, de la población norteamericana. Prácticamente cada medida que han adoptado el Congreso y la Casa Blanca de cara a proteger las fronteras, incluyendo los meros gestos simbólicos, han sido aprobadas por la presión de los votantes.
Los guardias nacionales enviados a la frontera a los que no se les asignó la tarea de patrullarla, la barrera que sobre el papel tiene 1100 kilómetros pero que en la práctica no llega a los cuatro y los "duros" castigos con el delito de cruzar ilegalmente la frontera cuando en el mundo real se les deja en libertad para que puedan intentarlo de nuevo cuantas veces quieran...; todo esto vale más que mil palabras.
Siguiendo con esa tradición, la nueva ley de inmigración que supuestamente protege las fronteras antes de empezar el proceso de regularización de los ilegales, en realidad no hace nada de eso. Establece varios programas y procedimientos, pero no espera a ver si reducen en la práctica el flujo de inmigrantes ilegales antes de aplicar la medida irrevocable de poner la ciudadanía norteamericana a disposición de los doce millones de personas que vinieron aquí ilegalmente.
Esto soluciona el problema de aquellos ilegales que quieren convertirse en ciudadanos. Los pasos que deben seguir les permiten a los políticos decir que esto no es una amnistía porque están imponiendo unos requisitos "duros". Pero, ya sean duros o no, y al margen de cómo se harán cumplir o no, no se dice nada de que los doce millones de personas aquí ilegalmente tengan que empezar el proceso para obtener la ciudadanía.
Aquellos que elijan no convertirse en ciudadanos estadounidenses, que bien podrían ser la mayoría, no se enfrentarán a ningún castigo por el delito de entrar ilegalmente en el país aparte de los que ya estaban establecidos antes. Con la atención puesta en el proceso de obtener la ciudadanía, esos inmigrantes ilegales que simplemente quieren quedarse y hacer algo de dinero sin ser molestados con esa tontería de convertirse en parte de la sociedad norteamericana pueden ser olvidados junto con su delito.
Esta ley aparta el problema de la inmigración de la luz pública y soluciona el problema de los políticos que quieren apaciguar a la mayoría de los votantes norteamericanos sin arriesgarse a perder el voto hispano. Cabe esperar que este último crezca cada vez más al ritmo en que la nueva amnistía de facto incremente el número de los que cruzan la frontera ilegalmente, al igual que la anterior ley de amnistía de 1986 cuadriplicó esa cifra. Según aumente el voto hispano, menos probable será que las medidas restrictivas del proyecto de ley se hagan cumplir.
El efecto llamada de esta ley es irreversible, pero los medios que en ella se incluyen para controlar el flujo de inmigrantes son de lo más reversibles, tanto de facto, evitando ser demasiado duros en la aplicación de los requisitos, como de jure, a través de posteriores derogaciones de aquello que se juzgue como "demasiado duro". Uno de los aspectos destacables de la reforma propuesta es la provisión de tomar medidas severas contra los empresarios que contraten inmigrantes ilegales. Se los castigará por no detectar y excluir a los ilegales, pese a que el propio Gobierno ha dejado de hacerlo. Pero los empresarios no sólo carecen de la experiencia necesaria para hacer cumplir la ley, sino que si meten la pata pueden ser demandados por "discriminación" por cualquier ejército de abogados que tenga tales querellas como lucrativa especialidad.
Pero no es probable que se castigue a los políticos estatales y locales que públicamente conviertan sus jurisdicciones en "santuarios" para los inmigrantes ilegales. Los políticos que juraron defender la ley lo que hacen en realidad es prohibir a la Policía informar del estatus ilegal de los inmigrantes a los funcionarios federales cuando se les detiene por otros delitos. Esto es perfectamente consistente con una ley que busca ante todo solucionar los problemas de los políticos, no del país.