Ya hace tiempo que se convirtió en costumbre que el Gobierno de la transparencia que iba a hacer del Congreso el centro de la vida política se niegue sistemáticamente a contestar a las preguntas que se le hacen en el parlamento. Quizá tiene su lógica, porque cuando contestan a algo es habitual pillarles en falta, como le ha sucedido a Zapatero al asegurar que la subida de un 4,6% de la tarifa eléctrica decretada por su Gobierno está "en línea" con el IPC, pese a que los precios subieron un 2,8%. De la Vega se ha convertido en la protagonista habitual de este fraude al parlamento y, por tanto, a los españoles que votaron a los representantes que allí tienen su escaño.
En la sesión de este miércoles, la vicepresidenta ha vuelto a dar ejemplo eludiendo contestar a las preguntas recibidas sobre el acoso a Manuel Pizarro. Ha optado por la táctica habitual, la de insultar al PP y echarle en cara sus actuaciones pasadas en el Gobierno, reales o imaginarias. Porque sólo de inventado podemos calificar su acusación de que el Ejecutivo de Aznar espió a los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. Si no fuera así, ¿acaso no sería su obligación como ciudadana haberlo puesto ya en conocimiento de los tribunales? No podemos imaginar que De la Vega cometiera semejante falta a la hora de cumplir con sus obligaciones con la Justicia.
Sin embargo, con serlo, que De la Vega no haya contestado a los parlamentarios del PP no es lo más importante. Lo verdaderamente grave es que, al hacerlo, ha dejado sin contestación al ciudadano concernido por el acoso del Ejecutivo, que esta mañana en la Junta de Accionistas de Endesa ha pedido al Gobierno "que haya libertad, competencia, certidumbre y seguridad jurídica", recordándole que nadie invertirá en España "si no hay libertad empresarial" ni "libertad personal". "Es necesario que haya seguridad personal, que puedas ir por la calle y no te siga nadie, no te escuche nadie, que no te pase nada", ha sido la exigencia de Pizarro, algo que no debería ser necesario que se dijera en ninguna democracia liberal en Occidente, pero que hace falta pedir en la España de Zapatero.
Durante una OPA apoyada desde el Gobierno, Endesa descubrió que dos agentes privados estaban realizando seguimientos a personas de la empresa. Después unos ladrones entraron a robar ordenadores en el área de auditoría de la empresa, porque de todos es conocido que quienes desean robar computadores escogen siempre como objetivo los de una gran empresa y, en concreto, los de la sección que más podría interesar a los que pudieran tener algún interés en encontrar datos con los que destruir a sus gestores. Cuando ya la OPA original había sido abandonada y teníamos sobre la mesa otra nueva, negociada al parecer en la Oficina Económica del presidente del Gobierno, dos guardias civiles que supuestamente no estaban de servicio pero que, por lo que sabemos, no han sido aún expedientados por sus actividades extraescolares fueron descubiertos siguiendo al presidente de Endesa. Y hace pocos días, los escoltas de Pizarro sorprendieron a dos agentes del CNI vigilando frente al domicilio del empresario.
Dado que estamos ante el mismo Gobierno que detuvo ilegalmente a dos militantes del PP por manifestarse cerca de un ministro que sufrió una agresión imaginaria, además de otra muy real contra su ego, el caso Pizarro no es sino lluvia sobre suelo mojado. Como ha recordado el presidente de Endesa, hace falta mucho dinero extranjero para preservar y ampliar nuestra prosperidad, y ningún inversor se va a molestar a considerar nuestra economía cuando no sólo la seguridad jurídica no está garantizada, sino que incluso puede ver comprometida su propia seguridad personal.
