Durante los meses de invierno hago cuatro días a la semana 10 minutos de cinta y siete series con pesas. Durante años, en primavera y hasta entrado el otoño, habré sumado alrededor de 3.000 kilómetros en bicicleta. Esta actividad física me sirve para explicar que con 73 años de edad me encuentre en buena forma física y goce de excelente salud. Parece claro que realizar ejercicio con regularidad es una buena idea, aunque sólo sea para reducir el gasto sanitario. Ahora bien, dado que es una buena idea, ¿sería usted partidario de imponerlo por decreto?
En lugar de escandalizarnos por la propuesta, planteémonos por qué supone un disparate. Debemos tener presente que existen precedentes de proyectos legislativos promulgados por el Congreso para proteger nuestra salud y seguridad. Las leyes que obligan a llevar casco o cinturón de seguridad son sólo algunos ejemplos. Si usted sufre un accidente y acaba en estado vegetal será una carga para el contribuyente –argumenta el Congreso–, por consiguiente hay que imponer ciertas normas para evitarlo. ¿No podríamos aplicar el mismo razonamiento para luchar contra la obesidad o nuestros estilos de vida sedentarios?
Solamente deberíamos tener clara una cuestión en un eventual debate sobre la imposición del ejercicio físico regular: es irrelevante que sea una buena o mala idea, lo único que importa es si resulta constitucional. Tenemos que examinar nuestra Carta Magna para ver si el Congreso posee competencias o no para ello. Y que yo haya visto, la constitución no concede ningún poder obligar a la gente a hacer deporte.
Alguien podría objetar que el artículo I de la sección octava reza que el Congreso facilitará la consecución del "bien común de los Estados Unidos". Ciertamente, la salud de los estadounidenses redunda en el bien común de la nación. Esta es la respuesta que podríamos esperar del típico profesor de Derecho, del congresista o de un mal juez del Tribunal Supremo.
Examinemos por encima lo que los padres de la Constitución tenían que decir sobre esta cláusula del bien común. En una carta a Edmund Pendleton, James Madison afirmaba que "Las palabras estado de bienestar siempre las he entendido en función de los poderes que pretendían atribuirse. Interpretadas en sentido literal sin límite alguno supondría la metamorfosis de la Constitución en un texto totalmente distinto al pretendido por sus redactores". Thomas Jefferson dijo que "El Congreso no tiene competencias ilimitadas para lograr el bien común, sino sólo aquéllas específicamente enumeradas".
Compare esta visión de los Padres Fundadores con el comportamiento actual del Congreso, la Casa Blanca o el Tribunal Supremo. Tendremos que concluir que ya no vivimos en un Estado de Derecho donde todo el mundo esté sujeto a las mismas normas. Hoy recibimos mandatos de matones legislativos que, con el amparo del Congreso, redactan decretos inconstitucionales.
¿Qué deberíamos hacer? Thomas Jefferson nos recordaba que "cuando el Gobierno federal asume competencia que no le fueron asignadas, sus leyes se vuelven autoritarias, nulas y sin ninguna validez". Esa perla jeffersoniana es peligrosa. Aunque el Congreso carezca de autoridad constitucional para hacer lo que hace, sí dispone de la policía y del ejército para imponer sanciones por desobediencia.