El gerente, Luis del Amo, ha explicado que el estudio analiza el despliegue normativo de cada comunidad respecto de los principales tributos cedidos, detalla la evolución de la recaudación y resume la tendencia observada en cada impuesto.

A su juicio, la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica, con la cesión de más tramos de los impuestos y aumento de la competencia normativa, ahondará en el problema.

Jesús Sanmartín ha puesto como ejemplo que en la Comunidad Valenciana hay 19 normas sobre el IRPF, las mismas que en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y en el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y otras nueve para Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Ha agregado que "buena parte" de las normas se aplican a muy pocos contribuyentes porque los requisitos establecidos son muy estrictos.

En su opinión, es difícil conocer la norma vigente en alguna comunidad autónoma "con tantos cambios" y es un "calvario" saber las diferencias entre unas y otras, ya que continuamente se publican "muchísimas" normas nuevas y no se revisan o anulan las anteriores, "algunas obsoletas".

Tras asegurar que es difícil de entender, incluso para el que legisla, Sanmartín ha destacado que se utiliza mal "en general" la capacidad normativa, "un sarampión que tenemos que pasar", ya que no parece que muchas de ellas obedezcan a una política social o económica pensada.

En cuanto a la evolución de la recaudación tributaria, el informe destaca que la del IRPF, IVA e Impuestos Especiales aporta dos tercios del total, por lo que el recorte, especialmente del IVA de los últimos años, afecta de manera muy considerable a su estabilidad presupuestaria.

Además, los ingresos por ITP y AJD, que en 2007 aportaban más del 18 por ciento, se ha reducido drásticamente, casi un 50 por ciento en las comunidades autónomas.

Según el informe, con el nuevo sistema de financiación autonómica las autonomías verán atenuadas la pérdida de ingresos a costa del Estado con los nuevos porcentajes de cesión en los impuestos.

La capacidad normativa ha aumentado para las regiones respecto a los tramos cedidos de los impuestos, así como la posibilidad de establecer deducciones; será mayor también la posibilidad de implantar tributos propios y podrán crear órganos económico-administrativos.

Señala el estudio que las comunidades aún no han tenido tiempo de aplicar el sistema y de utilizar la nueva normativa, por lo que será en 2011 cuando el contribuyente perciba definitivamente los efectos de las modificaciones.

Agrega que 2010 será un año con problemas de adaptación, sobre todo en lo que se refiere a la tarifa autonómica del IRPF, ya que las autonomías han pasado a tener la capacidad casi total sobre el 50 por ciento de la escala a la que tributa la base liquidable general, por lo que no sirven las escalas previstas para 2009.

Destaca que algo similar ocurre con el tramo autonómico de la deducción por adquisición de vivienda.

Insiste en que muchas comunidades establecen demasiadas reducciones, bonificaciones o deducciones sin demasiada entidad, por lo que quien se le debería aplicar se ve desbordado, a lo que hay que añadir los numerosos cambios en las normas, lo que aumenta la confusión también para las Administraciones "que encuentran dificultades de gestión y control".

En cuanto a cómo afectará a los ayuntamientos y comunidades la caída en la recaudación de los impuestos por la crisis, Sanmartín ha señalado que ambas administraciones cada vez tienen más competencias y necesitan más recursos, mientras que el Estado "está adelgazando", por lo que hay que pensar en un nuevo sistema tributario para ambas.

Además, ha continuado, las comunidades, a pesar de tener menos ingresos, rebajan la imposición y "eso en economía tiene que tener una explicación".