Pero nada más nacer, el proyecto ha recibido fuertes críticas. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) cree que es "insuficiente y mejorable", ya que es una prestación corta, lo que deja después de ese periodo "desprotegidos y desamparados" a los autónomos desempleados tras seis meses.

En el mismo sentido ha reaccionado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que la considera "acertada" aunque "mejorable". La asociación afirma que el Gobierno debería estudiar un incremento del tiempo de cobro, que consideran "escaso", y propondrá que en el trámite parlamentario del proyecto de ley se recupere la idea de crear un Fondo para la Reorientación Profesional de los autónomos demandantes de empleo.

La más crítica con la medida ha sido la asociación Asnepa, que ha calificado el anteproyecto de "lamentable". La asociación señala que sólo beneficiará al 16% de los trabajadores por cuenta propia y, además, no será una realidad hasta 2011. Así, han recordado que "los autónomos únicamente disponemos de 6 meses de paro frente a los 24 meses de los asalariados".

La prestación por cese de actividad de los autónomos no será menor de 583,38 euros mensuales y no podrá superar los 1.383,9 euros. Su cuantía, durante todo su periodo de disfrute, será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo venía cotizando durante los doce meses anteriores al cese de su actividad.

Por otra parte, su duración será de entre dos y seis meses, en función del periodo cotizado, y de hasta nueve en el caso de los mayores de 60 años.

En concreto, los autónomos que hayan cotizado de 12 a 17 meses tendrán derecho a dos meses de paro; los que hayan cotizado entre 18 y 23 meses cobrarán tres meses de prestación; los de 24 a 29 meses de cotización tendrán cuatro meses de paro; los de 30 a 35 meses cotizados percibirán la ayuda durante cinco meses y los de 36 meses o más de cotización cobrarán durante el máximo fijado, esto es, seis meses.

La duración de la prestación estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.

Teniendo en cuenta que en los primeros 12 meses no existe gasto en prestación, se ha establecido un tipo de cotización para los trabajadores autónomos del 1,5% de la base, con una reducción del 0,5% en la cotización por incapacidad temporal, por lo que el trabajador cotizará efectivamente para el primer año sobre un 1%, que sobre la base mínima de 833,40 euros, apunta a una cotización mínima de 12,5 euros mensuales, sin aplicar la reducción de 0,5%, y de 8,33 euros con la reducción.

Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el tipo de cotización que permita financiar este sistema de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su actividad.

El sistema diseñado por el Gobierno es un modelo mixto, entre voluntario y obligatorio, pues para poder cobrar el paro los autónomos tendrán que cotizar al mismo tiempo por accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Esta contingencia es ahora mismo voluntaria salvo en determinados casos, como el de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) o, en el futuro, el de los autónomos que operen en actividades profesionales con un mayor riesgo de siniestralidad.

En la actualidad hay 539.338 trabajadores autónomos que cotizan por contingencias profesionales, incluyendo a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario. El Gobierno estima que cuando se determinen las actividades con mayor riesgo de siniestralidad y se desarrollen los contratos de los TRADE, el número de autónomos cotizantes ascenderá aproximadamente a un millón.

En la rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado que con esta medida se da cumplimiento al mandato del Estatuto del Trabajador Autónomo y se satisface una "reivindicación histórica" del colectivo.

De la Vega ha subrayado que el sistema diseñado por el Ejecutivo se basa en tres principios: es "contributivo, solidario y sostenible" desde el punto de vista financiero. "Es una norma que marca un antes y un después para los trabajadores autónomos, y con la que además de ampliar derechos, caminamos hacia un modelo económico mejor, más solidario y más garantista" ha añadido.