La cifra la dio la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que dio el visto bueno al anteproyecto.

Según Fernández de la Vega, tendrán derecho a cobrar esa prestación quienes se vean obligados a cerrar sus negocios de forma involuntaria y coticen por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La vicepresidenta destacó al respecto que actualmente los autónomos económicamente dependientes y los que trabajan en actividades con mayor riesgo de siniestralidad cotizan por esas dos contingencias, lo que supone un colectivo de más de 500.000 personas.

"Pero pronto serán cerca de un millón" porque se tienen que desarrollar más contratos de los económicamente dependientes y se deben establecer cuáles son esas actividades que suponen un mayor riesgo, como son la construcción o el transporte, precisó.

Además, también se beneficiarán de la prestación todos los trabajadores por cuenta propia que, de forma voluntaria, opten por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El requisito para todos es que, antes de cerrar sus negocios, hayan cotizado por ambas contingencias al menos durante doce meses de forma continuada.

Para Fernández de la Vega, la futura norma -ahora el Gobierno va a enviarla al Consejo Económico y Social (CES) para que se pronuncie- marca un "antes y un después" para el colectivo de los autónomos, ya que amplía sus derechos.

Además, da cumplida respuesta a una "reivindicación histórica" de los emprendedores y el sistema se basa en tres principios: es contributivo, solidario y financieramente sostenible. Asimismo, ha sido fruto de un diálogo "fructífero" con las comunidades y los agentes sociales.